¿Cuántas normas más podemos promulgar para limpiar la imagen de Panamá? Desde hace años venimos, como país, publicando regulaciones para evitar que nos sigan viendo como un paraíso fiscal y con un sistema permisivo para ser mal utilizado para el lavado de activos. Pero, ¿cuál es el verdadero problema: las normas que tenemos o la autoridad que debe hacerlas cumplir?
Pongo un ejemplo: hoy en día, alguien que desee comprar un bien inmueble en Panamá tiene que completar el proceso de debida diligencia del abogado que lo represente, del agente de bienes raíces que lo asesore en la transacción, del banco que lo financie, de la aseguradora por motivo de la póliza de seguros que hay que endosar al banco, del notario que dé fe de la compraventa, y Dios lo libre de querer utilizar una fiduciaria, ya que esto sería un proceso de conozca a su cliente adicional.
Este inversionista, para completar cada uno de esos procesos de debida diligencia, tendrá que proporcionar desde sus datos personales y de contacto, hasta demostrar de dónde provienen los fondos con que realizará su inversión.
Por su parte, cada uno de los agentes obligados a realizar el proceso de “conozca su cliente” en la transacción antes mencionada, tendrá que comprobar que todo lo afirmado por el cliente es real y que esté sustentado con los documentos que le requiera. Además, estas instituciones deberán hacer el debido reporte a su ente de supervisión correspondiente, incluyendo, pero sin limitar, si detecta que la transacción es sospechosa.
Lo anterior ya está estipulado en la legislación panameña y se realiza hoy en día. Ya las autoridades, por ley, tienen toda la información para analizar las transacciones y a los participantes de las actividades comerciales. ¿Lo están haciendo? Por lo que veo en las noticias, creo que no, y si lo están realizando es sin la efectividad esperada por la sociedad panameña y la internacional.
Hay países en donde el proceso dado en el ejemplo anterior tomaría menos de una semana. Por ejemplo, abrir una cuenta bancaria en otra jurisdicción requiere menos de un día y sin tanto papeleo. Aquí en Panamá no toma menos de una semana y acosando al cliente. Abrir una cuenta bancaria o inscribir una sociedad anónima se ha vuelto una tortura para los inversionistas en Panamá por la cantidad de formularios que hay que completar y documentación que hay que recolectar para proporcionar a la institución que está realizando la debida diligencia. Pero, ¿cuál es la diferencia con otros países? Las autoridades en esas jurisdicciones sí están haciendo su trabajo de supervisión y control de manera efectiva, por lo cual, con menos requerimientos y procesos, sí detectan a los que mal utilizan el sistema financiero y, además, lo hacen saber para que exista certeza del castigo.
No sé qué papel, información o documento adicional puede incluir una nueva ley que ya no se pida y se entregue indirectamente a las autoridades hoy en día. Los organismos internacionales ya se aburrieron que le digamos que vamos a promulgar una nueva norma que, supuestamente, va a solucionar todos los problemas. Lo que están realmente esperando es que las autoridades ejerzan, efectivamente y a tiempo, su función y así detectar a los que mal utilizan nuestro sistema.
No importa cuántas leyes se promulguen, ni cuánto invierta el sector privado en cumplirlas. Mientras las autoridades no cumplan su papel, estaremos condenados a que internacionalmente sigamos con la misma etiqueta de paraíso fiscal y patrocinadores de delitos financieros.
