A las 3:00 de la madrugada ya no pudo más. Abandonó la comodidad de la cama y aunque al día siguiente tocaba trabajar, se enganchó a la BBC durante casi cuatro horas para seguir el recuento de votos. No volvió a acostarse. “Mi corazón latía demasiado rápido”, justifica uno de los casi mil 500 funcionarios británicos en la Unión Europea (UE), que prefiere guardar el anonimato. Si en Reino Unido son los inmigrantes los que temen que el brexit les afecte personalmente, más allá de terremotos bursátiles y grandes cifras macroeconómicas, en la capital de la UE son los empleados británicos en instituciones comunitarias los que viven con incertidumbre el nuevo escenario.
La reacción para aliviar esos miedos ha sido rápida. Solo unas horas después de conocer el adiós británico, en medio de una tormenta política y económica para cuya descripción se han empleado adjetivos de grueso calibre, tanto el presidente del Parlamento, Martin Schulz, como el de la Comisión, Jean-Claude Juncker, dirigieron sendos correos electrónicos a los funcionarios británicos de la UE. “Haré todo lo que esté en mi mano para apoyaros y ayudaros en este complejo proceso. Nuestras leyes serán interpretadas y aplicadas con un espíritu europeo”, les escribió Juncker en un mensaje lleno de palabras tranquilizadoras. “Trabajáis para Europa. Dejasteis vuestro escudo nacional en la puerta cuando os unisteis a las instituciones”, dice otro fragmento.
La regulación comunitaria recoge que solo se puede pedir la marcha de un funcionario de la UE si deja de cumplir determinados requisitos. Entre las condiciones para ser empleado, el artículo 28 señala la obligación de ser “nacional de uno de los Estados miembros, a menos que las autoridades permitan una excepción”. Hasta ahora, esa salvedad solo se ha utilizado con un puñado de funcionarios noruegos que llegó a la UE poco antes del referéndum de adhesión en el que el país nórdico rechazó integrarse en el club comunitario.
A falta de que se concrete una solución, la voluntad de las instituciones es permitir la continuidad de los que ya están, pero fuentes de la Eurocámara dan por hecho que no se reclutarán nuevos trabajadores británicos, lo que puede permitir a otros países ampliar sus cuotas. También reconocen que el brexit puede frenar ascensos y hacer retroceder en la escala a algunos de ellos: “Su puesto de trabajo no peligra, pero algunos funcionarios que ocupan cargos muy altos, para los que hace falta el apoyo explícito de un Estado miembro, podrían verse apartados de esa función”, advierten desde el Parlamento.
Pese a representar el 12% de la población de la UE, los británicos apenas suponen el 4% del total de funcionarios europeos –hay en torno a un millar en la Comisión, 289 en el Parlamento y apenas un centenar en el Consejo–. Sin embargo, su presencia en puestos de gestión sénior roza el 10%, y casi tres de cada cuatro está en la franja de mayor nivel funcionarial. “Creo que el idealismo que empuja a la gente a trabajar por Europa ha caído en Reino Unido”, opina el funcionario inglés, de 62 años.
Como europeísta convencido, se declara decepcionado por la decisión de sus compatriotas de abandonar la UE. También indignado por no haber podido votar en el referéndum al llevar más de 15 años fuera del país. De momento no teme por su empleo. El impulso que le hizo levantarse de la cama y aparecer al día siguiente en su oficina con ojeras tras una noche en blanco frente a la televisión hunde sus raíces en un terreno más cercano a las emociones que al de la nómina. “No volveré a Reino Unido para acabar mis días. No quiero vivir en un país que no pertenece a Europa”.
