Impunidad, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura institucionalizada, justicia simulada… y vuelta a empezar en un círculo vicioso que se repite desde hace años, si no décadas. La “grave crisis” de derechos humanos que atraviesa México no se limita a casos conocidos como el de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa o el Tlatlaya, donde se ha establecido la implicación de militares en el asesinato a sangre fría de una quincena de civiles. La crisis es profunda, viene de largo y trasciende gobiernos porque es, en el fondo, estructural. No hay forma de maquillar las cifras y preocupantes señalamientos que se acumulan en el informe sobre la Situación de derechos humanos en México, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el primero completo del país desde 1998, y que fue publicado este miércoles.
La conclusión es clara: “La respuesta estatal sigue siendo insuficiente para enfrentar esta grave crisis de violencia e impunidad”, subraya el informe. “Reconocemos que el Estado ha tomado algunas medidas importantes, que el marco legal ha avanzado bastante, pero hay que cerrar la brecha enorme entre la promesa del marco legal de los derechos humanos y la realidad que vive el pueblo mexicano”, abundó el presidente de la CIDH y relator para México, James Cavallaro, en entrevista con El País. “El papel aguanta todo, como dicen, pero hay que hacer valer las garantías”, insistió.
Y fuera del papel, lo que los comisionados de la CIDH vieron durante su visita a México entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre de 2015 fue tan preocupante que incluso llevaron a su secretario ejecutivo, el mexicano Emilio Álvarez Icaza, a decidir regresar este año a su país a trabajar en los desafíos que tiene México ante sí en materia de derechos humanos.
Uno de los asuntos que más preocupan a la CIDH son las desapariciones y desapariciones forzadas como las de Ayotzinapa. Las cifras oficiales hablan de 26 mil 798 personas “no localizadas” a nivel nacional. “Especialmente grave –señala el informe– es la información amplia y consistente recibida sobre la existencia de una práctica de desapariciones forzadas a manos de agentes del Estado o con la participación, aquiescencia o tolerancia de las mismas”.
Ayotzinapa constituye también “una muestra de las graves deficiencias que sufren las investigaciones sobre estos hechos”, así como “la impunidad estructural y casi absoluta en la que suelen quedar estos graves crímenes”, continúa el informe.
Y si sucede en un caso que ha contado con tanta atención mediática, nacional e internacional, y con acompañamiento de instituciones como la CIDH, “multiplica ese caso por las 26 mil 798 personas no localizadas. Ahí se comienza a ver las deficiencias, no solo en la investigación, sino en la falta de decisión política desde arriba de esclarecer de forma absoluta lo que pasó”, señala Cavallaro.
En el informe también vuelven a surgir los nombres de Tlatlaya o Apatzingán relacionados con “incidentes trágicos de violencia con participación de agentes del Estado”. Unos casos que “requieren la revisión del uso de la fuerza en México”, así como la “adopción e implementación de medidas de rendición de cuentas por un cuerpo independiente de todas las fuerzas de seguridad en relación con operativos y tareas de seguridad pública en donde haya privación de vida”, subraya el informe.