Derechos humanos

La Carta Democrática Interamericana

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El 11 de septiembre de 2001 se adoptó de forma unánime la Carta Democrática Interamericana (CDI) en una Asamblea General Extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Lima. Casi 17 años después de su aprobación, la crisis política en Venezuela y Nicaragua afecta fundamentalmente la viabilidad de la CDI como mecanismo político efectivo, expone las debilidades institucionales de la OEA en su aplicación y la falta de voluntad política de sus Estados miembros.

La CDI fue promulgada por mandato de la III Cumbre de las Américas y tiene como propósito la promoción y el fortalecimiento de los principios, las prácticas y la cultura democrática entre los Estados de las Américas. Este instrumento contempla medidas para hacer frente a alteraciones del orden constitucional o democrático, que incluyen la convocatoria del Consejo Permanente de la OEA y la adopción por este de diversos tipos de gestiones diplomáticas, como los buenos oficios.

En última instancia, se puede invocar la denominada “cláusula democrática”, que, emulando la Declaración de Quebec, establece que la Asamblea General de la OEA, al constatar la ruptura del orden democrático de un Estado y que las gestiones diplomáticas hayan sido infructuosas, podrá suspender a dicho Estado de su derecho de participar en la organización. Esta decisión necesita del voto afirmativo de dos terceras partes de los Estados miembros.

La CDI considera como uno de los elementos esenciales de la democracia participativa el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales.

Igualmente, la CDI estima que los derechos humanos son indispensables para el pleno ejercicio de la democracia representativa. Lo anterior establece una relación interdependiente, pues, según la CDI, en un Estado en donde no se respetan los derechos humanos no puede haber democracia.

La CDI establece como última medida para el restablecimiento del orden democrático la suspensión del Estado de la organización regional, privándolo de acceder a los beneficios competitivos de participar en ella.

La participación de un Estado en cualquier organización o comunidad dependerá de un cúmulo de decisiones racionales (lo que el Estado quiere hacer) y morales (lo que debe hacer), tomadas a la luz de sus obligaciones recíprocas (las reglas por las que todos los miembros están obligados). En los casos de Venezuela y Nicaragua, sus respectivos gobiernos han concluido que lo racional es no cumplir con sus obligaciones internacionales de respeto a los derechos humanos pues, a corto plazo, repercute en una ventaja competitiva (mantenerse en el poder), ignorando los beneficios que a mediano y largo plazo trae consigo formar parte de la comunidad regional (cooperación, desarrollo, etc.), y lo que deben hacer (respetar los derechos humanos).

Los pueblos venezolanos y nicaragüenses han presenciado cómo el Estado de derecho instituido para proteger sus derechos humanos les ha fallado, y se han visto obligados, tal como lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión.

La comisión de crímenes de lesa humanidad ha sido ampliamente documentada por expertos de la OEA (Venezuela) y defensores de derechos humanos (Nicaragua).

Ante la situación preocupante que viven ambos países, la aplicación íntegra de la CDI es lo mínimo a lo que debemos aspirar. Es inconcebible que la cláusula democrática de la CDI únicamente haya sido invocada para suspender a Honduras con motivo del golpe de Estado de 2009, y que la crisis que viven Nicaragua y Venezuela no lo amerite. Si existe una serie de reglas que los Estados deben seguir en sus relaciones regionales, la ausencia de reciprocidad y el desafío a normas tan básicas, como los derechos humanos, por parte de un Estado deben tener como resultado su exclusión de la comunidad. La ausencia de una respuesta consensuada por parte de la OEA evidencia la falta de voluntad política de los Estados. La CDI y la OEA se encuentran en una encrucijada por la falta de decisión de sus órganos políticos, debido a la inacción de los Estados miembros.

Al decir de Rómulo Betancourt, el mantenimiento de regímenes autoritarios que no respeten los derechos humanos, conculquen las libertades de los ciudadanos y los tiranicen con respaldo de policías, militares y políticas totalitarias, es un cuestionamiento a la viabilidad de la CDI, al sistema interamericano de protección de los derechos humanos, a la efectividad misma de la OEA y a su sistema de democracia regional.

El autor es abogado y profesor de derecho internacional

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