La Carta Democrática se firmó el 11 de septiembre de 2001 en Lima. El lugar escogido no fue casualidad, ya que la creación de ese instrumento estuvo inspirado en el Perú de 1992, cuando Fujimori disolvió el Congreso, suspendió la Constitución y avasalló al poder judicial.
En aquel momento, la Organización de Estados Americanos (OEA) denunció los hechos; Brasil, Costa Rica y Argentina retiraron sus respectivos embajadores; y Panamá y Venezuela rompieron relaciones diplomáticas. Pero de ahí al futuro, aquella crisis sería un parte aguas intelectual y político. Obligó a repensar la propia noción de ruptura democrática, ya no reducida al clásico golpe militar.
Al disolver el Congreso, un presidente democráticamente electo también podía producir una ruptura de régimen, el autogolpe. Para intervenir ante crisis análogas en el futuro –es decir, mediar y, de ser necesario, sancionar– se escribió y se firmó la Carta. Y se la invocó en las crisis de Venezuela en 2002 y de Honduras en 2009.
Hoy se la invoca otra vez, siendo jurídicamente pertinente en la premisa que el caso de Venezuela de hoy no es diferente al de Perú de 2002. El texto de Almagro documenta lo que la comunidad internacional conoce sobradamente: que Venezuela vive hoy en un régimen sin separación de poderes, atributo que define la democracia y el estado de derecho.
A saber. El poder legislativo está impedido de legislar, con lo cual se halla en un estado de disolución de facto. El Tribunal Superior de Justicia es un apéndice del Ejecutivo, jamás ha emitido una sentencia en su contra y veta toda ley que el mismo le solicita. En consecuencia, los presos políticos siguen presos, a pesar de la Ley de Amnistía y a pesar de haber sido condenados con evidencia falsa, según confesión del propio fiscal del caso Leopoldo López, tal vez el más notorio, pero no el único.
El Consejo Nacional Electoral también responde al gobierno, habiendo comenzado a invalidar firmas de los peticionarios del referéndum revocatorio. El Ejecutivo usa decretos de excepción y de emergencia económica arbitraria y exageradamente, vulnerando el necesario equilibrio de poderes. Por todo ello, el Ejecutivo incumple la Constitución, misma que el fundador del partido oficialista escribió y aprobó por abrumadora mayoría en 1999.
Quien diga que esta situación no amerita el uso de la Carta Democrática tendrá que recurrir a todo tipo de acrobacia discursiva. Así sucede. Para eso hablan de diálogo en la República Dominicana y auspiciado por tres expresidentes: Fernández, Torrijos y Zapatero. Adelante con él, pero quedan preguntas sin responder.
¿Por qué Unasur es la única organización hemisférica que participa en este diálogo? ¿Por qué no se ha convocado también a expresidentes cercanos a la oposición? ¿Por qué no se dialoga con la Carta Democrática en la mano, documento hemisférico fundacional para la mediación en este tipo de crisis? ¿Por qué se deja de lado a la OEA, máxime cuando los que promueven el diálogo han dicho que apoyan el referéndum revocatorio? Es que si se lleva a cabo el referéndum, además, la OEA es el único organismo regional con la experiencia y la capacidad técnica para monitorearlo.
Finalmente, los que promueven el diálogo han olvidado mencionar un ingrediente imprescindible en toda mediación de conflicto: la buena fe entre las partes. O tal vez no conocen ese requisito. Ocurre que no han dicho ni una palabra acerca de la amenaza más reciente de Maduro: acusar ante el Tribunal Supremo de Justicia a la directiva de la Asamblea Nacional por el delito de traición a la patria.