La publicación del Informe del Senado estadounidense sobre su programa de detención e interrogatorio a sospechosos de terrorismo ha propiciado un intenso debate dentro y fuera del país.
A grandes rasgos, lo que se discute es si los interrogatorios de la CIA a los prisioneros sospechosos de terrorismo incluyeron la práctica de la tortura; si su detención e interrogatorio son legales; si la tortura es un método eficaz para obtener información verídica; si los responsables deben ser castigados; si el informe servirá para que la CIA abandone la práctica de la tortura y si con la publicación de este informe se limpia la reputación del país.
Desde dentro, la profunda brecha partisana que divide al país ha vuelto a aflorar empezando por el desencuentro en el propio Comité de Inteligencia del Senado. De sus 15 miembros solo siete demócratas, un independiente y una senadora republicana, Susan Collins votaron a favor de la publicación del sumario del informe final, seis republicanos votaron en contra.
Como era de esperarse, el expresidente George W. Bush, su nefasto vicepresidente Dick Cheney y el director actual de la CIA y la mayoría de los Republicanos en el Congreso no admiten la validez del informe y niegan que en sus interrogatorios se haya recurrido a la tortura.
¿Cree usted que es tortura introducirle un cilindro por el recto a un prisionero para alimentarlo y evitar que muera para poder seguir interrogándolo? ¿Le parece que privarle del sueño durante varios días equivale a un suplicio? ¿Le parece inofensivo simular su ahogamiento? ¿Calificaría de tormento mantener desnuda a una persona atada al piso durante varios días hasta que muere de hipotermia? ¿Le parece correcto que los guardias golpeen sin tregua a los prisioneros hasta que confiesen su participación en determinado acto terrorista, aunque la confesión sea falsa?
Pues todavía hoy, a pesar de la abrumadora evidencia en su contra, el actual director de la CIA sigue negándose a admitir que se torturó a los prisioneros.
De los 119 que permanecen bajo custodia de la CIA solo habrá 25 sospechosos de terrorismo y por lo menos 26 fueron detenidos por equivocación, nada tenían que ver con actos terroristas. ¿Le parece legal que por años se haya mantenido encarceladas en la prisión de Guantánamo a estas personas sin juicio, sin acusaciones formales y sin derecho a defensa legal?
El director de la CIA, John O. Brennan, sostiene que los métodos de interrogación usados sirvieron para obtener información de inteligencia sumamente útil. Los detalles del Informe del Senado prueban que la información que se obtuvo fue mínima, que muchas veces fue falsa y que la información verdaderamente valiosa se obtuvo valiéndose de métodos de interrogación tradicionales no mediante la tortura. También sostiene que los dirigentes de la CIA mintieron al Congreso y a la Casa Blanca acerca de la información obtenida y que fueron negligentes en la vigilancia de las prisiones secretas que mantenían en varios lugares del mundo.
La pregunta central, desde mi punto de vista, es si la brutal honestidad del informe limpia la reputación del país mancillada por la CIA.
En su editorial del pasado viernes, Nathan Gardels, editor en jefe de The World Post, escribió: “El poder blando de la sociedad abierta en Estados Unidos ha vuelto a salir al rescate de las desafortunadas aventuras de su poder duro, esta vez para liberarnos de la práctica de la tortura en el post 9/11”.
Yo soy colaborador editorial de The World Post pero no comparto el optimismo de mi editor. Por más que admiro que una parte del Congreso tenga el valor de admitir la existencia de actos criminales como este, no puedo olvidar que al menos la mitad de los miembros de la misma institución siguen negándose a admitir que alimentar e hidratar rectalmente a un prisionero es tortura.
“Estados Unidos ha ofrecido una lección”, escribe Gardels, “la crítica honesta fortifica la legitimidad del Gobierno, no la debilita, porque con ella se afianza una avenida para la autocorrección”.
Coincido con la primera parte de su argumento, lo que no veo por ningún lado, es el deseo de emprender la autocorrección. Ninguno de los torturadores será castigado, y a pesar de que el actual Presidente prohibió el uso de la tortura, nada garantiza que el próximo Presidente mantendrá su proscripción.