El dirigente político opositor Leopoldo López ha sido condenado por el régimen chavista que encabeza Nicolás Maduro a 14 años de cárcel. Catorce años es mucho tiempo. Demasiado.
Trascendió que Maduro, ipso facto, designó cónsul en Chile a Susana Barreiro, la jueza que leyó la “sentencia judicial”. La noticia no estaba confirmada al escribir esta columna; es lo que dijo la prensa chilena, que considera que fue un “premio” que se le dio a Barreiro por leer la sentencia. También hay trascendidos contradictorios sobre cuál será el recibimiento que le dará el gobierno de Michelle Bachelet. Hay quienes dicen que será recibida como la más genuina representante de un gobierno progresista y amigo. Otras fuentes aseguran que el nombramiento no se producirá para evitarle un aprieto al Gobierno chileno, el que, como otros tantos, se ha portado tan bien y se ha mantenido silencioso ante este nuevo atropello del régimen chavista contra los derechos humanos y civiles.
Para ser precisos, según la información oficial la “condena judicial” a López es por los delitos de instigación, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio, y por 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión. Parece una burla, pero no, por más que Henrique Capriles diga “que la justicia en Venezuela está podrida”, se trata de una demostración de “la seriedad” con que los jueces del chavismo se someten a lo que dicen los códigos.
Pero, para redondear, digamos que el líder político Leopoldo López fue condenado a 14 años de prisión en una cárcel militar por ser opositor al Gobierno. Esta es la única verdad.
Puesto que las cosas son así, el hecho generó la protesta de las más serias y reconocidas organizaciones de defensa de los derechos humanos, de los dirigentes políticos democráticos y liberales de todos lados, del Gobierno de Estados Unidos, de la Unión Europea y de la ONU.
Y como ya es usual, en el lado de enfrente, en silencio –y en casos, con expreso apoyo– se ubican la OEA, la Unasur, el Mercosur, un fundador e ideólogo de Podemos (los españoles se lo merecen) y la totalidad de los gobiernos de origen electoral y progresistas del hemisferio. Estos, por supuesto, porque son cuidadosos de no meterse en los asuntos internos de otro país (recordar casos de Honduras y Paraguay, por ejemplo) y pese a que sus titulares y líderes dan su apoyo expreso, explícito in situ a los candidatos progresistas en las elecciones de “otros países”. En esto de intervenir en las elecciones de un país ajeno parece que no está en juego el tema soberanías ni es meterse en los asuntos internos. Para esos gobiernos intervención es defender derechos que son universales y para los cuales no vale frontera alguna.
En una muy elocuente y reveladora Carta Abierta a la presidenta chilena Bachelet, el político y economista venezolano, expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU y exgobernador de Caracas, Diego Arria, califica el silencio de esos gobiernos de “acomodo amoral”.
No se trata solo de ingratitud, de falta de reciprocidad, de doble discurso, de medir con diferentes varas, como surge de la misiva. Es peor. Es la esencia de una doctrina que se vale de la tolerancia democrática y liberal para llegar al poder, el que una vez conquistado no conciben ni admiten perder. En función de ese propósito dividen a los ciudadanos entre los que están con ellos –los buenos, los solidarios, los progresistas, los honestos– y los que están en contra –los malos, los enemigos, los corruptos, los fascistas–. A los que hoy disienten, pero que los defendieron en el pasado, los consideraban y consideran “cretinos útiles”, y como tal los tratan.
Y volviendo a lo del principio: 14 años es mucho tiempo. Demasiado. Leopoldo López, me atrevo a pronosticar, recobrará la libertad y todos sus derechos mucho antes. En cuanto los venezolanos decidan cambiar y rechazar al chavismo, López será liberado. Y será antes. ¿O es que alguien cree o apuesta a que Maduro y el chavismo van a seguir gobernando Venezuela por 14 años más?