La célebre ciudad de fantasmas y aparecidos que es Carolina del Sur, famosa por su actividad paranormal e ícono del proceso de independencia y la guerra civil de Estados Unidos, es ahora sede de otra Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Al invitado especial, Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura, en diálogo sostenido con el periodista Andrés Oppenheimer, lo gana la hilaridad. Es preguntando sobre la oposición de Nicolás Maduro Moros a la observación de las elecciones parlamentarias del venidero 6 de diciembre en Venezuela: ¡Le tiene miedo hasta a la OEA!
Al describir la penosa situación que vive un país bizarro como el nuestro, que contrasta groseramente con la podredumbre –son sus palabras– en que lo ha transformado la revolución chavista: dominado por mafias, con los más altos índices de inflación y criminalidad del mundo, y sus gentes dando dolor a las puertas de abastos y farmacias para conseguir lo que no hay; no obstante ello, Vargas Llosa le rinde admiración fervorosa a la oposición democrática en su conjunto.
Al margen de sus divisiones o mezquindades de ocasión, considera una injusticia no reconocerle su valentía y coraje demostrados, tanto que su liderazgo, que en procura de sostener un mínimo espacio de libertad hoy lo paga con cárceles, persecuciones, torturas y el pueblo con su racionamiento.
De la Organización de Estados Americanos (OEA) destaca su larga abulia para la defensa de las libertades en el hemisferio; y pone de manifiesto, como hecho positivo, la reacción que en paralelo ello ha concitado en los expresidentes iberoamericanos, dispuestos a llenar el vacío.
¡Maduro le tiene miedo a la OEA!, a un cascarón inútil, afirma el premio Nobel; lo que hace evidente la disposición de aquel para asaltar el proceso eleccionario que clara y abiertamente, en condiciones de normalidad, lo ha de barrer como el polvo. Nadie hizo tanto para ganarse su impopularidad como el gobernante que ocupa el Palacio de Miraflores, concluye Vargas Llosa.
La Asamblea de la SIP, por voz de quien esto escribe, ha sido informada con detalles de la situación de Venezuela. Del contexto dentro del que es asfixiada la libertad de expresión y de prensa en 2015.
No deja de sorprender, en los comentarios de pasillo, el insólito planteamiento que la cancillería venezolana llevara a la colombiana, en modo de procurar un plan de censura de los medios para que bajen el tono sobre el crimen de lesa humanidad ejecutado por el propio Maduro contra sus paisanos colombianos.
Sea lo que fuere, salta de bulto, como materia para el debate de la prensa hemisférica, la suspensión de las garantías constitucionales a lo largo de la frontera con Colombia, dado sus efectos nocivos sobre los derechos a la reunión y manifestación, sustantivos de la experiencia democrática e indispensables para la existencia de un ambiente electoral equitativo y competitivo, capaz de oxigenar el ambiente de libertades que se busca reconstituir.
Sigue también la decisión del régimen y su Tribunal Supremo de no acatar, contraviniendo el texto de la Constitución, la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que declara al Estado venezolano como responsable de haber violado la Convención Americana de Derechos Humanos y que le ordena restablecer la señal y bienes que se le confiscaran a Radio Caracas Televisión, la más antigua del país.
La protesta de Naciones Unidas, a través del Alto Comisionado para Derechos Humanos, por la condena que le ha sido impuesta al líder opositor Leopoldo López, arbitrariamente encarcelado y criminalizado –tanto como Antonio Ledezma y María Corina Machado– por su opinión política, ya es vista como una práctica consistente con las más añejas tiranías militares latinoamericanas.
En fin, se revisa la quiebra económica de la prensa independiente, a la que, como en los casos emblemáticos del diario El Carabobeño, El Correo del Caroní, El Impulso, El Nacional y El Regional del Zulia, se le niega o raciona el papel o las divisas para la compra de insumos para su actividad, como medio indirecto para imponerle la censura.
La oenegé Espacio Público, como lo refiere el informe llevado a Charleston, constata que los titulares del Estado venezolano son los autores del 40% de las violaciones principales a la libertad de expresión y prensa detectadas, a las que siguen las de los funcionarios policiales en un 21%. Y en lo particular, refiere que, junto a Maduro, es el capitán Cabello el primer victimario de la prensa libre durante el período de análisis por la SIP, y quien ordena la persecución judicial y la prohibición de salida del país de 22 directivos del diario El Nacional, el Semanario Tal Cual y el portal web La Patilla, empujando a sus editores, Alberto Ravell y Miguel H. Otero, hacia el exilio.