Con las barreras de seguridad echadas, y una furgoneta que bloqueaba la entrada, la iglesia protestante de Chongyi en Hangzhou, una de las mayores de China, dejaba claro que no invitaba visitantes. No muy lejos, en el interior de la antigua parroquia anglicana de Gulou, en pleno centro histórico de esta antigua capital imperial, la presencia de agentes de Policía superaba con holgura al de feligreses. En las afueras, un pastor evangélico contemporizaba sobre las relaciones con las autoridades chinas. “En ocasiones hay dificultades… el porqué no lo tengo claro”, afirmaba, mientras intentaba zafarse de la presencia de periodistas.
Era la semana en que se celebraba la cumbre del G20 en Hangzhou (4 y 5 de septiembre). Desde más de un mes antes, los centros de culto y, sobre todo, las capillas caseras clandestinas, habían recibido órdenes de suspender “todas las congregaciones de naturaleza religiosa a gran escala” en los días en torno al encuentro de líderes mundiales, “para crear un clima de seguridad en la reunión”.
No era, quizá, la medida más desproporcionada en el despliegue del Gobierno chino por garantizar que la cumbre se desarrollara sin incidentes. Al fin y al cabo, las autoridades habían persuadido a cerca de 2 millones de habitantes de Hangzhou, la capital de la provincia de Zhejiang, para que abandonaran la ciudad esa semana. Pero para las comunidades protestantes y católicas locales llovía sobre mojado: aunque China, un país oficialmente ateo, consagra la libertad de culto en su Constitución y se calcula que cuenta con al menos 70 millones de cristianos, desde 2013 Zhejiang, la provincia de mayor población creyente, ha lanzado una polémica campaña en la que se han derribado cerca de mil 500 cruces e incluso algunas iglesias.
Quienes se han opuesto, sean religiosos, defensores de los derechos humanos o abogados, han sufrido graves represalias. El pastor de la iglesia de Chongyi, Joseph Gu Yuese, fue detenido en enero pasado y se encuentra bajo arresto domiciliario desde abril. El abogado Zhang Kai fue arrestado en 2015 y sometido a una confesión televisada a principios de este año antes de ser puesto en libertad en marzo. Las iglesias caseras han visto aumentar el escrutinio sobre ellas. La semana pasada, el obispo coadjutor de Wenzhou, Peter Shao Zhumin, quedaba detenido tras la muerte del titular de la diócesis, Vincent Zhu Weifang.
“El ambiente en Zhejiang es muy tenso”, explica por teléfono desde Helsinki, donde impartía una conferencia, Bob Fu, director de ChinaAid. Su organización, con sede en Texas (Estados Unidos), está dedicada a defender la libertad religiosa en China. Pero los activistas expresan su temor a que la situación empeore aún más próximamente, y en toda China. El 22 de abril, el presidente chino, Xi Jinping, pronunció un discurso en el que pedía la práctica de “religión con características chinas”, que observara las posturas marxistas sobre el culto. Xi planteó asimismo la necesidad de impedir la “infiltración de elementos extranjeros” a través de la religión. “Estamos entrando en un nivel más profundo de control”, advierte Fu.
En las últimas semanas se ha presentado al público una nueva enmienda a las regulaciones sobre libertad de culto en China. La medida, todavía pendiente de aprobación, busca evitar “la infiltración religiosa extranjera en China”, según el periódico Global Times, propiedad del Diario del Pueblo.