Han pasado 27 años, pero China sigue sin querer abrir uno de los capítulos más oscuros de su historia reciente. Los miles de estudiantes que se manifestaron de forma pacífica durante meses en la plaza de Tiananmen de Pekín, en 1989, para pedir reformas democráticas y la decisión del régimen de desalojarlos por la fuerza son temas prohibidos. Cualquiera que ose recordar públicamente este episodio, cuyo punto álgido ocurrió el 4 de junio con la represión violenta por parte del Ejército, puede ser objeto de vigilancia, acoso, amenazas y hasta ser detenido y juzgado por cargos criminales.
“Junto a varios amigos planeamos una pequeña reunión en un parque cercano a casa. Queríamos hablar sobre el suceso, colocar alguna pancarta y tomar unas fotografías. Pero la policía había pinchado nuestros teléfonos y sabía nuestros planes, así que al llegar nos encontramos con el parque blindado de agentes. Decidimos ir a un restaurante, pero nos siguieron hasta allí y tampoco pudimos hacerlo. Al final logramos llevar a cabo una pequeña conmemoración en mi casa, en la que recordamos lo que pasó, homenajeamos a los fallecidos y hablamos de la democracia y la libertad que tanto anhelamos”, explica por teléfono Sun Wenguang, de 82 años y antiguo profesor de la Universidad de Shandong.
Casos similares se repiten en todo el país, según denuncian varias organizaciones de derechos humanos. Fu Hailu, un trabajador de la provincia de Sichuan, fue detenido por haber imprimido etiquetas para botellas de licor que mostraban la icónica imagen del hombre frente a una columna de tanques, símbolo de las protestas de 1989. Ahora es sospechoso de “incitar a la subversión del poder del Estado”, un cargo que puede conllevar hasta 15 años de prisión. Tres activistas de Pekín fueron arrestados por haber participado en un encuentro privado en el que se habló de Tiananmen y tras publicar varias fotografías en la red.
A Sun le han cerrado la cuenta de correo electrónico, controlado las llamadas y puesto bajo arresto domiciliario. “Creo que el Gobierno se está volviendo más agresivo. Antes solo tenía vigilancia durante las fechas más sensibles como este aniversario o cuando se celebran reuniones políticas importantes. Esta vez, sin embargo, hace más de un año que hay un coche aparcado las 24 horas del día delante de casa sin explicación. Los agentes de paisano me siguen incluso cuando voy al supermercado o a nadar”, relata.
“El Partido Comunista debería admitir su culpa y compensar a las familias de las víctimas. Si la situación continúa así, este será un país sin esperanza. Hay que luchar por los derechos civiles y en especial por la libertad de expresión”, repite el activista. A la pregunta de que, si a pesar de las dificultades continuará con su lucha, responde: “Cada vez somos menos y soy viejo y débil, pero mientras esté vivo la conmemoración anual seguirá celebrándose”.