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DESARROLLO URBANO

¿Comisión o aquelarre?

¿Comisión o aquelarre? ¿Comisión o aquelarre?
¿Comisión o aquelarre?

El miércoles 15 de marzo de 2017, el Ministerio de la Presidencia emitió el Decreto Ejecutivo No. 100 que crea la Comisión de Alto Nivel para el Sector de la Construcción, ente que estará adscrito al Ministerio de la Presidencia. La intención de dicho decreto es innovadora, considerando que por primera vez el Estado busca llevar adelante la política nacional de vivienda, a través de la investigación. Además, según el decreto, esa investigación tratará problemas de la vivienda, el ordenamiento territorial y el desarrollo de infraestructura pública, lo que debería alegrar a los que bregamos en estos temas. Sin embargo, la visión integral se pierde pues la comisión se enfoca en el beneficio exclusivo de la industria de la construcción, lo que desdice de su interés en resolver los problemas de vivienda. A buen entendedor, pocas palabras, en realidad la comisión es un aquelarre que busca sentar al Gobierno (como macho cabrío) con los empresarios para ver en qué estorba el Estado la actividad de la construcción y cómo se le puede quitar del camino, para invocar el endemoniado ritmo de crecimiento registrado entre 2004 y 2014.

La perversa visión reduccionista del decreto se evidencia en el listado de agrupaciones y gremios congregados en la comisión, que incluye instituciones como el Ministerio de la Presidencia (que garantiza la línea directa con el presidente), el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (cuyo ministro y viceministro tienen nexos con el sector inmobiliario y de la construcción, y deberán flexibilizar más la normativa urbana), el Ministerio de Obras Públicas (para facilitar la infraestructura vial que soporte el volumen de carros que se le meterá al centro de la ciudad), el Ministerio de Ambiente (para que estorbe mucho menos y facilite mucho más), el Idaan (para que aumente la provisión de agua y los proyectos no se queden sin el vital líquido), el Gabinete Logístico (por el desarrollo de puertos en el área canalera), la Capac, Acobir y Convivienda (para dictar la línea). Por último está el Instituto Panameño de Arquitectura y Urbanismo (Ipaur), un ente muerto desde hace años que no representa legítimamente a los arquitectos y urbanistas. Con esta comisión, el Gobierno espera hacer las paces con el sector inmobiliario y de la construcción, que lo acusa de dificultar y desacelerar innecesariamente la actividad, sobre todo en el distrito de Panamá.

Me llaman la atención las ausencias en esta comisión. ¿Por qué ni la SPIA ni el Municipio de Panamá fueron convocados? ¿Por qué la Red Ciudadana Urbana de Panamá y las universidades estatales no fueron incluidas? ¿Será que le tienen miedo? Evidentemente, quieren una cámara de resonancia, sin embargo darse palmaditas, escuchar lisonjas y hacer de yes men no resolverá los problemas. Se necesita rescatar el diálogo plural.

Los capitalinos, poco a poco, despiertan y alzan su voz. Son más y más los barrios que se unen a la Red Ciudadana Urbana, mientras siga el statu quo, este movimiento seguirá adquiriendo y demostrando mayor fuerza, y no podrá seguir siendo ignorado por políticos y empresarios inescrupulosos. Reemplazar a la SPIA con el Ipaur, no garantizará una voz profesional en la mesa. La SPIA es hoy el interlocutor con mayor legitimidad de los profesionales de las ingenierías y la arquitectura. Pero, como todo gremio profesional que se precie de serlo, tiene que ser crítico y no debe callar cuando ve que se toma un rumbo equivocado desde el punto de vista técnico. Los urbanistas y planificadores, si bien no tienen un gremio que los represente, se están organizando a través de un incipiente Foro Urbano de Panamá, que intenta agrupar, interdisciplinariamente y con rigor académico, todas las especialidades relacionadas con la planificación urbana. Ellos merecen ser incluidos en la comisión, al igual que la Universidad de Panamá y la Universidad Tecnológica.

Fruto de un verdadero diálogo en una comisión de alto nivel ampliada, no del sector construcción, sino del ordenamiento territorial y desarrollo nacional, debería resurgir –como sugirió el colega Rodrigo Mejía-Andrión– un instituto dedicado a la investigación del urbanismo y el ordenamiento territorial. Un ente con poder para recomendar, con carácter vinculante, nuevas políticas de desarrollo urbano y regional en los diferentes municipios del país, y asistirlos para que logren su implementación y fiscalización, separando dicha función del Miviot y que este ministerio siga dedicado a facilitar vivienda asequible. Además, ese ente investigador deberá ayudar a fortalecer la capacidad institucional de los gobiernos locales para emitir y ejecutar sus propias políticas de desarrollo urbano.

Señor presidente, el diálogo no puede dilatarse más, reforme el Decreto Ejecutivo 100 y siente las bases del Comité de Alto Nivel para el Ordenamiento Territorial con todos los actores involucrados y cree, de una vez por todas, el instituto de planificación y ordenamiento territorial. Nuestra ciudad se lo agradecerá.

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