Dos períodos trascendentales han marcado el devenir histórico de Panamá y cohesionado la nacionalidad panameña. El primero se inicia con la conceptualización en 1855 del Estado Federal de Panamá, a través del ensayo de Don Justo Arosemena, que reúne de forma sistemática sus argumentos en favor de la creación del Estado Federal panameño dentro de la Confederación de la Gran Colombia, hasta la culminación de la separación de Colombia el 3 de noviembre de 1903.
El segundo período se inicia con la siembra de banderas por miembros de la Federación de Estudiantes de Panamá en la antigua Zona del Canal, el 2 de mayo de 1958; pasa por la heroica gesta del 9 de enero de 1964, cuando 22 panameños deseosos de ver ondear su tricolor en la antigua Zona del Canal, inmolaron sus vidas para catapultar la lucha por la soberanía; desemboca en la firma de los tratados del Canal de Panamá y de Neutralidad Torrijos – Carter, el 7 de septiembre de 1977; y concluye con la asunción de Panamá en la administración plena del Canal de Panamá el 31 de diciembre de 1999, hecho que consolida la soberanía en territorio nacional. No pretendo en ningún momento simplificar la extensa y apasionante historia nacional, lo cierto es que los dos períodos son los más trascendentales en la conformación de la Nación.
Durante más de un siglo, generaciones de panameños han aunado esfuerzos en consolidar la identidad nacional. La culminación de estas dos luchas imponen el establecimiento de nuevos retos al devenir histórico de la nación. Estas nuevas metas pasan de manera forzosa por: el perfeccionamiento del sistema democrático, que no solo garantice la transparencia de los procesos electorales, sino una efectiva inclusión de la participación ciudadana en tomas de decisión del Estado. La erradicación de la corrupción, el nepotismo y la impunidad, la administración eficiente y oportuna de justicia, que incluya una nueva Constitución que modifique la forma autocrática con que el Ejecutivo escoge a los magistrados de la Corte Suprema y procuradores de la Nación y la Administración, garantizando la meritocracia, como la plena separación de los tres órganos del Estado, y concluyendo con la implementación a nivel nacional del sistema penal acusatorio. La descentralización efectiva del Gobierno Nacional, en que las autoridades locales puedan planificar de forma coherente un desarrollo socioeconómico de acuerdo con su entorno y necesidades.
La reducción de la deuda externa, cónsona con un país que desde 2003 duplicó el PIB, propiciado por una alta inversión externa e interna; el turismo y la industria logística, que según el Fondo Monetario Internacional en 2018 Panamá superó al bloque de la región de América Latina con el territorio con el PIB per cápita ajustado por paridad de poder de compra (PPP) con $25 mil 712, y que de mantener la tendencia alcanzará los $ 30,902,73 para 2021; esta condición debería asegurar la erradicación de la pobreza y la pobreza extrema, esta misma pretensión se ve imposibilitada ante el bochornoso hecho de que, según el coeficiente GINI del propio Banco Mundial de 2016, el país ocupa la posición número 10 con la peor desigualdad del mundo, solo superado por cinco países africanos y cuatro de la región, Honduras, que ocupa la posición 6, seguido de Colombia 7, Brasil 8 y Guatemala 9.
El mejoramiento efectivo y continuo de la calidad educativa en todos sus niveles, aspecto que dista mucho de lograr avances significativos, por ejemplo, en la enseñanza media, en la que la inversión que hace el Estado del PIB en este apartado, versus los resultados que ha obtenido, hecho evidenciado por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), a través de la prueba del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), en la que sitúa a Panamá como último y penúltimo lugar dentro de los países latinoamericanos en materias como matemática, ciencias y lectura, hecho corroborado por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en su Informe Educativo “Una mirada externa al sistema de educación nacional”, realizado en colaboración con EU, Chile y Uruguay, a alumnos de séptimo grado en abril de 2013, en el que señala la existencia de deficiencias en áreas como geometría, fracciones, sistema de mediciones, y en alumnos de duodécimo grado la baja calidad del bachillerato en las asignaturas de química, matemática, física y biología, hecho reflejado en las pruebas de admisión de las universidades y que ha obligado a las universidades a bajar los promedios de admisión para poder solventar las cuotas mínimas requeridas de alumnos para primer ingreso.
Ni qué decir de las propias universidades, en las que para poder apreciar su valor en el ámbito global, debemos ubicarnos en el ranking latinoamericano en el que apenas la Universidad Tecnológica de Panamá alcanza la posición 275 y la 3,814 en el ranking mundial, mientras la Universidad de Panamá apenas alcanza la posición 296 en el ranking latinoamericano y la 4,062 en el ranking mundial. Esa realidad se debe de manera fundamental a tres hechos: falta de educación pertinente y de calidad, carencia de investigación aplicada y publicable en revistas indexadas, y la ausencia de extensión para la transferencia efectiva del conocimiento y soluciones de problemas reales a la sociedad.
Inversiones para el desarrollo y resguardo del agro y la seguridad alimentaria, evitando la continua importación de alimentos, reduciendo la fuga de divisas, así como favoreciendo la economía en el ámbito rural, diversificando y fortaleciendo los sectores productivos, como el impulso que países como Brasil y Ecuador dan en la actualidad al sector forestal, de forma tal de integrar nuevos sectores productivos en los que existe potencialidad, abriendo nuevas oportunidades de negocios, creando nuevas plazas de empleo, aumentando las exportaciones y, en nuestro caso, aprovechar las capacidades competitivas que representa el tránsito de carga internacional, concreción y consolidación del país como centro logístico de pasajeros y carga, con políticas de Estado para la planificación consistente, y durante 10 años como mínimo, que logren de forma real y tangible emular lo que representa Singapur en Asia.
Mejoramiento efectivo y continuo de la calidad de la salud pública, que reforme de manera estructural el marco jurídico que rige el sistema de salud público, y que unifique la ejecución de las políticas de los prestadores del servicio público, la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud, que el crecimiento y ampliación de las infraestructuras sanitarias sean simultáneas a los equipos y profesionales de la salud requeridos.
Seguridad ciudadana, comprendida en una política criminal que integre y coordine todos los actores que intervienen de la investigación, administración de justicia y custodia del sindicado, porque la inversión y aumento de la fuerza policial y equipos de seguridad no garantizan la disminución de la criminalidad ni el crimen organizado. En la que la empresa privada, haciendo uso de servicios de seguridad privada, no incurra en el uso del pie policial para salvaguardar sus actividades comerciales, en detrimento de la calidad de la atención pública del cuerpo policial.
Todos los aspectos citados demandan más un salto de calidad que de cantidad. Ante estas prioridades, enfocarse en solventar el conjunto de los aspectos citados para iniciar la Tercera Lucha, pasarían los gobernantes de turno más como estadistas, procurando asegurar beneficios para las futuras generaciones, que políticos que solo procuran asegurar su triunfo electorero. Como afirmó el desaparecido presidente de España Adolfo Suárez González: “un político que no crea en convertir las utopías en realidades, no es un político, es un traficante de ideas”. Por ello, el inicio de la Tercera Lucha es un compromiso histórico impostergable con nuestra nacionalidad.
El autor es doctor en Tecnologías de la Información Geográfica