Las instituciones son un tema fundamental en nuestros días. A pesar de un mundo cada vez más globalizado y automatizado, hay temas básicos de desarrollo que no están resueltos. Uno de esos temas es la distancia entre las instituciones y las personas, y el otro es la distancia que tenemos respecto de un desarrollo verdaderamente sostenible.
Pero, ¿de dónde surge la primera de estas brechas? Para ello debemos recordar que las instituciones representan acuerdos sociales, dan cuenta de consensos sobre el tipo de país y sociedad que creamos y vivimos. Esos acuerdos “se escriben en leyes” y se conforman entidades responsables de velar por su cumplimiento. En sociedades complejas es más difícil gestionar las demandas de la ciudadanía, incluir a todos los sectores, distribuir recursos y dar espacios de representación. Pero además se impone la lógica de competencia de los mercados, que abogan por la asignación de recursos con criterios de rentabilidad económica de corto plazo y no siempre consideran el rédito social ni ambiental de largo plazo.
Por lo tanto, muchas de las transformaciones que ocurren en nuestras sociedades se alejan de los objetivos buscados y la ciudadanía se siente distante de las decisiones tomadas por sus representantes. Esto está a la base de los altos niveles de desconfianza pública: la sensación de que no se cumplen los acuerdos y normas, la falta de información o transparencia en los procesos políticos y ausencia de espacios claros de participación.
La otra brecha que se construye es acerca de las capacidades institucionales para atender los desafíos de desarrollo. Tradicionalmente los modelos burocráticos eran la forma de estandarizar los bienes y servicios públicos, brindados por el Estado, para satisfacer de forma universal los principales derechos y demandas, pero no necesariamente se resolvían problemas sociales ni se desarrollaba una evaluación sobre las acciones y los resultados logrados, es decir, básicamente se atendían las demandas sociales.
La nueva agenda 2030 de Desarrollo Sostenible es un acuerdo global que Panamá adhiere y que pone de manifiesto que se ha dado un crecimiento económico y mejoras en las condiciones de vida, pero que aún tenemos grandes desigualdades, hay grupos excluidos del desarrollo y ese crecimiento se ha dado con un costo muy alto de deterioro ambiental, por lo tanto los nuevos desafíos son complejos y requieren de nuevas habilidades y de trabajo conjunto.
La única forma de cerrar estas brechas es cambiando las formas de hacer las cosas, retomando los consensos sociales, pero generando cambios en la práctica, no solo en las leyes, que no siempre se traducen en realidad. Esto implica entender los problemas en su manifestación local y construir soluciones colectivas aprovechando saberes tradicionales, pero también nuevas tecnologías. De esta forma se acercan las instituciones literalmente a la ciudadanía y también nos aproximamos a los problemas reales que impiden alcanzar el bienestar colectivo.
Movernos en este terreno de la participación directa de la sociedad puede ser muy complejo de gestionar, pero existen herramientas y momentos para cada cosa. Si partimos estableciendo acuerdos y prioridades, no solo sobre los temas, sino que, abordando los puntos problemáticos y sus soluciones, podemos trazar una ruta de trabajo y dividir las tareas entre el Estado y la sociedad a distintos niveles, central, provincial y local.
De igual forma, levantar diagnósticos iniciales, creando sistemas de consulta e información, puede facilitar el seguimiento y la evaluación posterior.
Esta podría parecer una tarea gigantesca, pero hay un buen camino recorrido: contamos con leyes, planes de desarrollo, instituciones, organizaciones, empresas, profesionales, profesores y estudiantes, ciudadanas y ciudadanos que pueden ser parte de este proceso de construir soluciones a nuestros desafíos para generar medios de vida, brindar servicios y desarrollar capacidades en distintos contextos geográficos, sociales y culturales.
Panamá tiene el desafío de crecer, pero haciendo un uso eficiente de sus recursos naturales, priorizando el uso de energías e insumos renovables, incrementando los beneficios sociales para que su población aumente su bienestar y sus capacidades y, de esta manera, el desarrollo mismo sea sostenible y permita transitar hacia una economía centrada en el conocimiento, que haga posible un mayor desarrollo para las generaciones presentes y futuras.
Asumir esta tarea implica que las instituciones acorten las distancias con la ciudadanía, recuperen su confianza y fortalezcan sus capacidades para acercarse al desarrollo sostenible a nivel local. Panamá tiene un Estado y una sociedad capaz de asumir estos retos. A la cooperación internacional solo le cabe acompañar lo que el país decida hacer, pero estamos seguros de que un trabajo planificado, coordinado y participativo permitirá aportar lo mejor de cada quién al desarrollo del país.
La autora es representante residente del PNUD en Panamá