Los policías de Curitiba (estado de Paraná) que desencadenaron la Operación Lava Jato (Lavacoches) hace un año y medio ni siquiera imaginaron sus dimensiones: el caso de corrupción más grave de la historia brasileña, que ha devorado ya a la dirección de la mayor empresa estatal de Latinoamérica y la mitad de su valor de mercado.
El descubrimiento de la gigantesca trama de sobornos y blanqueo de dinero ha amargado también el último año a la presidenta del Gobierno, Dilma Rousseff, que presidió el consejo de administración de la petrolera estatal (como ministra de Energía) entre 2003 y 2010, durante los mandatos de Lula da Silva, cuando fueron aprobadas las operaciones más escandalosas. Las autoridades calculan que se desviaron ilegalmente hasta 4 mil millones de dólares entre 2002 y 2013. La presidenta saliente de Petrobras, Graça Foster, accedió al puesto en 2012 y asegura no haber sido consciente de la situación hasta que el caso estalló (aunque es acusada de lo contrario).
El Petrolão explotó en marzo de 2014, con la detención de 24 personas. Entre ellas, el exdirector de Abastecimiento de Petrobras, Paulo Roberto Costa, y el cambista Alberto Youssef. Ambos llegaron a acuerdos de delación con la justicia, premiados con reducción de penas. Sus testimonios y documentos propagaron el terror por el establishment y animaron a otros detenidos. Hoy siguen encarceladas 13 de las 21 personas detenidas el pasado 14 de noviembre, segunda fecha clave. Entre ellos, algunos de los principales empresarios constructores, líderes de un club selecto de 13 compañías que se repartían los contratos y pactaban los sobornos. Les acompaña el exdirector internacional de Petrobras, Néstor Cerveró, detenido el 13 de enero.
La justicia ha procesado ya a 39 personas por lavado de dinero, corrupción y formación de organización criminal. De los contratos se desviaba un porcentaje mínimo del 3% para empresarios y políticos, mediante una red de empresas falsas. La presunta financiación irregular de partidos políticos afecta a todo el arco parlamentario, pero sobre todo al gobernante Partido de los Trabajadores y sus aliados: el Partido del Movimiento Democrático Brasileño y el Partido Progresista. El caso ha destapado corruptelas extendidas desde hace lustros y tiene bajo sospecha a exgobernadores y un expresidente. Pero las responsabilidades penales de cargos públicos están por depurar, al ser aforados. Ninguno ha sido acusado aún.
Es inevitable que la larga estela del Petrolão lastre la primera mitad del segundo mandato de Dilma Rousseff. Cuatro empresas responsabilizan al Gobierno de crear ese club para comprar voluntades políticas. También preocupa su impacto económico, que afecta a algunas de las mayores compañías del país. Petrobras está siendo investigada también en Estados Unidos. Rousseff declaró en noviembre que “el caso podría cambiar Brasil para siempre”.