Como presidente de Apede, hace más años de los que me quiero acordar, fui uno de los impulsores de la idea de que el Ejecutivo se autorregulara para la selección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, lo que teníamos en mente no era lo que hemos vivido en la anterior elección. Definitivamente, la idea no era la de crear una instancia no electa para ponderar los nombramientos ni que se sustituyera la facultad presidencial de nombrarlos, como algunos pretendían.
Esta idea siempre fue una opción intermedia mientras se lograba una reforma constitucional que reglara de mejor forma el proceso de selección. Lo que ha quedado en evidencia, con todo lo que hemos hecho hasta ahora, es que urge dicha reforma. El presidente Varela tiene una gran oportunidad de llevarle al pueblo la misma y, así, cumplir con su responsabilidad histórica.
Pero, a falta de un sistema funcional y constitucional, el sistema es el que establece la Constitución vigente. Y, bajo dicho sistema, lo mejor que le puede suceder al país es que el presidente haga buena selección de quienes administrarán justicia en nombre de todos nosotros en los próximos años. Así las cosas, soy de la opinión, basada en el análisis de los perfiles, que esto ha sucedido con la selección de Ana Lucrecia Tovar y Zuleyka Moore. Comparto con ustedes el análisis que me lleva a dicha conclusión.
En primer lugar, y muy destacable, es que se trata de dos mujeres. Está demostrado que la diversidad de opiniones en instancias colegiadas contribuye a un mejor desempeño. La presencia de una sola mujer en la CSJ nos priva a los panameños de uno de los elementos más básicos de la diversidad: la de género. Con esta selección, se logra un mayor balance.
En segundo lugar, ambas candidatas han demostrado, con hechos, su valentía e independencia. La fiscal Moore ha tomado decisiones que ningún otro fiscal en la historia de la República se había atrevido a tomar. Decisiones que la enfrentan a los poderes políticos y económicos más fuertes del país. Decisiones que los panameños teníamos mucho tiempo esperando ver en el Ministerio Publico. Otro tanto demostró la licenciada Tovar con su actuación en la Superintendencia de Valores, en donde impulsó la apertura del caso de Financial Pacific mientras el presidente de la República del momento podía verse implicado en el caso. Esa no era una decisión fácil durante ese periodo presidencial, en donde gran parte de la población vivía atemorizada del poder autocrático que había logrado llegar a la presidencia. Esta valentía de ambas es sinónimo de independencia y refleja uno de los valores que siempre buscamos en los magistrados de la Corte.
En tercer lugar, ambas magistradas aportan especialización y experiencia en áreas técnicas que no son las de mayor abundancia en la Corte actualmente. La licenciada Tovar aporta un profundo conocimiento de las regulaciones económicas y de las relaciones contractuales y extracontractuales que ese mundo económico genera. Eso permite comprender bien las consecuencias de las decisiones que tome la Corte en el contexto de un mundo competitivo como el que vive Panamá. En el caso de la licenciada Moore, esta aporta la experiencia única de haber manejado los casos de corrupción más complejos que hayan sido perseguidos en Panamá. Esta experiencia le da una amplia visión que los actuales miembros de la Sala Penal no han experimentado de forma directa.
Finalmente, me parece de fundamental importancia lo que estas destacadas colegas aportarían en la coyuntura en que se encuentra el país. Para los panameños es fundamental que los casos de corrupción lleguen a su fin y se brinde el debido proceso que todos los panameños merecemos. Que no sean decisiones conducentes a la impunidad, por razones inexplicables, las que acaben decidiendo estos casos en la forma y no en el fondo. Las designadas nos brindan esa certeza sobre la base de sus actuaciones pasadas.
En su decisión, los diputados deben concentrarse en ver el bosque y no perderse en discusiones bizantinas relacionadas con un árbol. La votación no debe ser valorada sobre la base del entorno electoral que se acerca, sino sobre la base de la importancia que la misma guarda para la futura gobernabilidad del país, su democracia y su república. Una aprobación de estas designaciones conlleva la certeza de que el camino del combate a la corrupción se mantendrá, incluso después del cambio de presidentes. Se trata de una coyuntura histórica, un punto de inflexión, de enorme importancia.
El autor es abogado
