Cuba legalizará las pequeñas y medianas empresas, según un documento programático del Partido Comunista que salió a la venta este martes en los puestos de prensa de la isla. En el tabloide se indica que se admitirán “pequeños negocios realizados por el trabajador y su familia” y “empresas privadas de mediana, pequeña y micro escala”. El texto tiene su origen en los debates del congreso de abril del Partido Comunista. A falta de detalles concretos y plazos de aplicación, la noticia supone un paso sustancial en el constreñido proceso de liberalización económica de la isla socialista.
Si bien durante el congreso primó hacia afuera el lenguaje de reivindicación del socialismo, la principal cuestión interna que se ventiló fue la apertura del modelo: cómo, a qué velocidad, a qué costes para el mantenimiento del statu quo del régimen socialista de partido único. Las conclusiones del cónclave no asomaron a la opinión pública hasta la publicación de este documento, que remarca el rumbo, aún moroso y atenazado por contradicciones internas, de promoción del mercado privado.
En el texto se expresa “la necesidad de movilizar recursos no estatales (...) para la recuperación de la producción y los servicios, y para la modernización de la infraestructura y del plantel productivo, imprescindibles para el desarrollo”. “El reconocimiento de las formas no estatales de propiedad y gestión”, se puede leer, “contribuye a la liberación de las fuerzas productivas”.
El desarrollo de la iniciativa privada ha sido la principal apuesta del presidente Raúl Castro desde que asumió el poder en 2008, desencorsetando lentamente el “trabajo por cuenta propia”, como se define hasta la fecha en Cuba al empresariado común y corriente. Actualmente en la isla hay medio millón de cuentapropistas. Algunos, por ejemplo, propietarios de restaurantes y de hostales, ya son empresarios de facto con empleados, pero sus negocios no son reconocidos jurídicamente como empresas. El fin de este tabú podría facilitar el desarrollo del sector privado, trabado por la burocracia y sin una red de mercado mayorista que bombee su actividad, y encauzar hacia lo público su anarquía fiscal, así como desaguar el exceso de empleados públicos.
Hasta la fecha los cubanos con negocio propio, que no tienen permiso para importar, se ven obligados a encontrar sus productos en las tiendas y mercados estatales, en el mercado negro o, en el caso de los que tienen más recursos, con una red de surtidores vía aérea: gente que les trae el material en sus maletas desde otros países.
Un efecto dañino de la situación es que la demanda de los negocios provoca más carestía y un subida de precios en el mercado estatal, donde hace sus compras el común de los cubanos. La próxima legalización de las pymes, impensable antes del deshielo diplomático con Estados Unidos en 2014, abre la puerta a la racionalización del mercado privado en Cuba.