Panamá es un país afortunado por contar con una cultura diversa que se nutre de todos los pueblos y etnias que a lo largo de nuestra historia han aportado al fortalecimiento de nuestra nación. Hoy en día, el país tiene una posición privilegiada en la región y cuenta con un desarrollo económico envidiable. Sin embargo, tenemos la responsabilidad solidaria de asegurar que el fruto de estos esfuerzos llegue a todos.
Es por esto que el gobierno que lidera el presidente Juan Carlos Varela reconoce que las poblaciones indígenas requieren justicia social y desarrollo sostenible. Mis antecesores, Milton Henríquez y María Luisa Romero, hicieron del tema indígena uno de sus intereses más cercanos, empoderando al equipo del Ministerio de Gobierno y realizando esfuerzos por incrementar y fortalecer la inversión pública en sus territorios. La manera de hacerlo ha sido una metodología que, desde una perspectiva de inclusión y coordinación, hace protagonistas a los actores clave para el desarrollo de los pueblos indígenas: los 7 pueblos indígenas organizados en 12 estructuras de congresos o consejos tradicionales.
Durante los últimos tres años y medio, se han creado los espacios necesarios para construir una estrategia integral de desarrollo en donde los actores principales en la toma de decisiones sean las mismas comunidades y sus autoridades tradicionales, pues son ellos quienes desde su contexto cultural comprenden cuáles son las prioridades de su población. Estos esfuerzos dan como resultado la implementación del Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y abren el compás para la transformación de las relaciones entre el Estado y autoridades indígenas del país.
El proyecto “Apoyo para la Implementación del Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas de Panamá”, financiado por un préstamo del Banco Mundial a la República de Panamá, no es un préstamo más. Es un proyecto que busca cerrar brechas de acceso a servicios básicos. Brechas que están entre las más amplias en la región latinoamericana, pues Panamá, a pesar de su crecimiento económico sostenido, todavía tiene grandes retos en materia de reducción de pobreza, específicamente en áreas comarcales. Estas brechas solamente pueden ser cerradas de manera definitiva y sostenible si involucramos a los grupos tradicionales, respetando sus tradiciones y su contexto sociocultural.
El camino recorrido ha sido arduo, involucrando un proceso de consulta amplio y permanente, tanto con las autoridades tradicionales como con las comunidades que estas representan. Estas jornadas permitieron diseñar un proyecto que realmente responde a las prioridades de los pueblos indígenas, en reconocimiento a su autodeterminación y cosmovisión, tomando como base fundamental el respeto a su cultura y tradiciones. Este proyecto no solamente es único en Panamá, también ha despertado el interés de organismos multilaterales, países de la región y la comunidad internacional por su innovador diseño.
A corto plazo, los esfuerzos van a enfocarse en inversiones en los sectores de gobernanza, salud, educación, acceso al agua y saneamiento. A mediano plazo, se enfocarán en trabajar con nuestros aliados para mejorar la calidad de los servicios que ofrece el Estado en los sectores mencionados y su pertinencia cultural. En el tiempo, el proyecto pretende transformar las relaciones entre el Estado panameño y las autoridades indígenas, mejorando la coordinación entre ambos y obteniendo mejores resultados en la inversión pública.
Cito a Maximiliano Ferrer-Igwayakile, cacique de la comarca Guna Yala en su apreciación del trabajo en conjunto hecho a la fecha: “Vamos a seguir apoyando mientras los recursos de las solicitudes de préstamos les lleguen realmente a los pueblos indígenas. Es que ese es nuestro compromiso como autoridades, que el Gobierno vaya entendiendo y apoyando nuestras necesidades”.
Esta es solamente la primera fase y nos queda mucho trabajo por hacer. Estamos seguros de que con el apoyo del Banco Mundial y las autoridades tradicionales lograremos alcanzar el objetivo de generar el desarrollo integral de los pueblos indígenas en igualdad de condiciones y disminuir la brecha de desigualdad que ha existido en nuestro país a pesar de los grandes avances económicos de los últimos años, trayendo justicia social a uno de los sectores de nuestra población que más la necesita.
El autor es ministro de Gobierno