Cuando el 31 de octubre de 2003 se adoptó por medio de la Resolución 58/4 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, se alcanzó un logro sin precedentes. Por primera vez en la historia de la humanidad, países de todo el mundo acordaban los estándares internacionales mínimos para combatir la corrupción.
Resultó sencillo para todos coincidir en la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades, al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia. De igual forma, es ampliamente reconocido que la corrupción compromete el desarrollo sostenible y el imperio de la ley.
¿Pero cómo combatimos la corrupción? ¿Por dónde empezar? ¿Qué hacer cuando esta es endémica y ha conseguido infiltrarse en las venas de nuestras instituciones públicas, en el seno del sector privado y en lo más profundo de nuestra sociedad?
Estas interrogantes fueron la base de extensos debates cuyas conclusiones arrojaron que la corrupción debe ser atacada desde un enfoque holístico y multidisciplinario. Es así como nace la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, centrada en cuatro pilares complementarios; las medidas de prevención, la penalización y aplicación de la ley, la cooperación internacional y la recuperación de activos.
El acuerdo mundial constituye un compendio de estrategias innovadoras y de herramientas prácticas para luchar contra la corrupción desde el sector privado y el sector público, involucrando también a la ciudadanía.
Con el propósito de instar a los Estados a sumarse a esta batalla, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió proclamar el 9 de diciembre como el Día Internacional contra la Corrupción, y designó a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito como la guardiana del instrumento, que hoy en día se destaca por su cuasiuniversalidad con 183 Estados Partes.
Resulta muy alentador que en ocasión de esa importante fecha, y en medio de escándalos transnacionales, decidan unir fuerzas en Panamá, personalidades internacionales de reconocida trayectoria, con el objetivo de darle un golpe a la corrupción.
Bajo este contexto, se lanza la primera junta directiva de la Academia Regional Anticorrupción para Centroamérica y el Caribe (ARAC), el único centro regional de estudios anticorrupción, dirigido a funcionarios públicos, al sector privado, a la academia, la sociedad civil y el público en general.
Tenemos el orgullo de que Panamá sea la sede de esta importante Academia, consistente en una plataforma de expertos que propicia la creación de redes y alianzas para el intercambio de ideas y buenas prácticas en miras a la prevención, investigación y reducción de casos de corrupción. A la fecha, la ARAC ha capacitado a más de 8 mil participantes y sus campañas han alcanzado audiencias que superan las 115 mil personas, así como más de 100 mil visitas en su página web. Queremos felicitar a la junta directiva de la ARAC compuesta por la fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana; el líder del B20 en 2018, Daniel Funes de Rioja; el profesor de Washington and Lee University, Thomas Speedy Rice; el director de la Subdivisión Anti-Corrupción y Crímenes Económicos de Unodc, Dimitri Vlassis; y la directora general de la Antai, Angélica Maytín.
Les felicitamos convencidos de su liderazgo y capacidad para inspirar a distintas generaciones a capacitarse en materia anticorrupción para que su lucha sea más eficaz y para actuar con integridad, responsabilidad y transparencia en la gestión pública o privada.
Los autores son representante regional de Unodc y directora nacional de Antai, respectivamente.
