Los países controlados por el socialismo del siglo XXI han sufrido la suplantación de sus constituciones políticas y ahora son regidos por instrumentos que constituyen la base institucional de leyes y disposiciones con las que sistemas dictatoriales salidos de procesos electorales gobiernan simulando legalidad, cuando en verdad violan los derechos humanos de los ciudadanos. Son mecanismos fraudulentos para ejercer el poder de hecho. Son, en verdad, “infames sistemas jurídicos”.
Un sistema democrático garantiza esencialmente el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de la persona. La protección ante la ley; la presunción de inocencia; la protección de la honra y reputación; la nacionalidad; la propiedad; la libertad de pensamiento, de opinión y de expresión; los tribunales independientes e imparciales; el poder circular libremente; participar del gobierno de su país y la seguridad, entre otras cosas. Estos son derechos universales garantizados, incluso, en los textos constitucionales de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua.
Pero una de las primeras trampas para institucionalizar la simulación democrática fueron las “reformas constitucionales” que sientan las bases para acabar con la democracia.
Con la representación mayoritaria que se atribuyen, o que en algún momento obtuvieron pero que luego sostuvieron o ampliaron mediante el fraude, los países antes mencionados convirtieron el poder legislativo en instrumento para crear unas normas que concentran todo el poder político: el sistema electoral, el judicial, administrativo, de fiscalización, las fuerzas armadas y policiales, las organizaciones sociales, sindicales y hasta deportivas. También crearon normas para garantizar la impunidad, liquidar la transparencia y acabar con cuanta oposición o resistencia se les enfrente. En resumen copiaron, o les impusieron, lo más próximo al sistema “legal” de la Cuba castrista.
Así, mediante “su propia legalidad, que no es lícita ni legítima”, resulta “legal” en Venezuela la reelección fraudulenta de Nicolás Maduro, la inhabilitación de María Corina Machado a las elecciones parlamentarias; la existencia de presos políticos como Leopoldo López, estudiantes asesinados, apaleados y presos por manifestarse pacíficamente; el fraude que se ejecuta para las elecciones del 6 de diciembre, etc.
En Ecuador es “legal” suprimir la libertad de prensa y de expresión mediante una ley mordaza, los juicios de Correa pidiendo indemnizaciones millonarias en el caso de El Universo; el encarcelamiento de indígenas y la arbitraria disposición de sus tierras; la confiscación de canales de televisión para uso del Gobierno, etc.
Es “legal en Bolivia” la re-reelección de Evo Morales prohibida por su propia Constitución; la simulación de casos de terrorismo para encubrir masacres ordenadas por el gobernante, como la del Hotel las Américas y El Porvenir, entre otras; el encubrimiento de las más de 17 masacres –con decenas de muertos– cometidas por Evo Morales en su gobierno; la reducción a condición de presos políticos de miembros del Alto Mando Militar en 2003 por haber defendido la Constitución frente a la sedición de Morales o el avasallamiento de los territorios indígenas del Tipnis para ampliar cultivos ilegales de coca, entre otros.
Hoy es “legal” en Nicaragua la impunidad de Daniel Ortega frente a las denuncias de violación de su hijastra; el nombramiento de su propia esposa como canciller en funciones para hacer viajes oficiales; la reforma constitucional para permanecer indefinidamente en el poder, etc.
Es “legal” ahora en los regímenes de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua el control de los bancos centrales y del sistema económico; la repentina riqueza de sus gobernantes; la compra de empresas productivas, de servicios y de medios de comunicación; el centralismo y el estatismo; la persecución política judicializada; las cuentas secretas de los gastos del jefe del Estado y su entorno en viajes, compras y seguridad; la inmunidad e impunidad de los dictadores y sus entornos ante cualquier denuncia de corrupción o crimen, en el que los denunciantes terminan acusados, presos o exiliados; las no reveladas y eventualmente no registradas remisiones de dineros y recursos a la dictadura castrista y a otros proyectos políticos regionales; la prosperidad súbita de sus familiares…
Cada lector puede agregar casos notorios y de público conocimiento en los que es “legal” el abuso, la corrupción, el ejercicio arbitrario del poder y, en suma, la violación de los derechos humanos por parte de estos gobiernos. Ellos son, junto al de Cuba, los “infames sistemas jurídicos del socialismo del siglo XXI”.