Luego de ver las desgarradoras imágenes de los soldados masacrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el Cauca, creo que ha llegado la hora de asumir realidades que el Gobierno se ha empeñado en ocultarnos.
La primera de ellas es que, lejos de facilitar el camino hacia un real acuerdo de paz, las FARC no están dispuestas a poner fin a sus acciones terroristas. Tampoco están interesadas en aceptar un límite de tiempo a las negociaciones de La Habana. Al contrario, buscan que se extiendan hasta obtener que sus más voraces exigencias sean aceptadas por su contraparte, el Gobierno.
La segunda realidad es aun más alarmante. Me refiero, una vez más, a la inocultable desmoralización de nuestras Fuerzas Armadas. A ella no es ajena una cúpula militar que sigue con docilidad las indicaciones del presidente Juan Manuel Santos, sin tomar en cuenta los efectos negativos que tienen ciertos acuerdos en la oficialidad y en la tropa. El afán de mostrar ante la opinión que el proceso de paz va por muy buen camino lleva con frecuencia al Presidente a tomar peligrosas medidas. Fue el caso de la suspensión de los bombardeos de la Fuerza Aérea. Presentada como un gesto de paz para acompañar el cese del fuego unilateral decidido por las FARC, acabó por producir la masacre que ha estremecido al país. Lo dijo uno de los soldados sobrevivientes: “Los militares en tierra no somos nada sin el apoyo aéreo”. A ello debemos sumar los imperdonables descuidos de los altos mandos cuando dejaron a su suerte a los 68 soldados de la Fuerza de Tarea Apolo en un territorio controlado por las FARC y el narcotráfico, sin la presencia de un oficial capaz de conducirlos y expuestos a que durante 14 días la guerrilla siguiera sus pasos y los sorprendieran mientras dormían por cuarta noche consecutiva en el mismo polideportivo. Ajeno al efecto que esta masacre iba a producir en la opinión pública, el presidente Santos la vio inicialmente como un “incidente”.
“Lamento la muerte de soldados en el Cauca. Esta es precisamente la guerra que queremos terminar”, escribió en Twitter. Siguiendo la misma pauta, el comandante de la Tercera Brigada ordenó desalojar de sus Casas Fiscales a las señoras de los militares que en las inmediaciones del Batallón Pichincha, en Cali, salieron a dar gritos contra el Presidente y los altos mandos. De su lado, el Comandante del Ejército amenazó con inmediata destitución a los oficiales que permitieran a sus familias sumarse a las protestas que todavía hoy hierven en las redes sociales. Me temo que todo esto sea la última e inocultable expresión del clima de inquietud y descontento que se advierte en las Fuerzas Militares. Las razones son muchas y vienen de tiempo atrás. Cito algunas de ellas: la indefensión jurídica que tiene a 15 mil oficiales y soldados empapelados, a 2 mil 341 detenidos y a un buen número de condenados; la reducción de las fuerzas militares, iniciada como anticipo del posconflicto cuando no son reemplazados los soldados profesionales que se retiran; el arbitrario e injusto cierre del centro de reclusión militar de Tolemaida, con graves consecuencias para cientos de internos que fueron trasladados a un penal en Antioquia, alejándolos de sus esposas e hijos.
Según escucha uno en círculos militares, parece incomprensible que los altos mandos, en vez de salir en defensa de la institución, acepten medidas que la menoscaban. ¿Será que esta actitud se debe al ciego afán de rodear a Santos y firmar la paz a cualquier precio? ¿O influye en tal mansedumbre poner a buen recaudo las canonjías semestrales que el Gobierno ha resuelto ahora brindarles? “Primas de silencio”, las llaman muchos oficiales. Sea que se trate de una injusta sospecha o de una triste realidad, lo cierto es que delata la peligrosa incertidumbre que reina hoy dentro de nuestras Fuerzas Armadas.