Las elecciones de 2019 en nuestro país podrían marcar un punto de inflexión en el devenir de nuestro sistema político ,por cuanto los signos de desgaste y desfase de nuestras instituciones estatales son evidentes desde hace varios años. La clase política política se ha convertido en una casta despojada de autoridad y legitimidad para conducir con mediano éxito los asuntos públicos. El liderazgo no existe, y de ahí la falta de visión estratégica para adecuar el diseño general y las reglas de convivencia en los distintos niveles de la administración gubernamental y de la vida comunitaria.
El grado de hartazgo nacional, que habita, sobre todo en la clase media profesional y el empresariado, es patente ante el estado de letargia y corrupción que se percibe y se constata en todos los ámbitos del país.
Los partidos políticos son la célula que le debe dar vida al sistema electoral e institucional; sin embargo, su papel ha degenerado con el tiempo en círculos de amiguismos y cacicazgos que han asaltado y tomado de rehenes los poderes estatales, al igual que lo hicieron las monarquías del siglo XVIII, dando luego origen al sistema político que hoy día prevalece a nivel mundial. Son zombis sin rumbo que hacen exactamente lo mismo al llegar a gobernar (o desgobernar).
A nivel mundial, y muchísimo más en nuestro país, se requiere de una transformación del sistema clásico de democracia representativa. En Panamá no existen diferencias de ninguna clase, mucho menos ideológicas, entre los partidos políticos. Todos siguen un libreto de concentración de poder a cambio de prebendas clientelares a segmentos sociales escogidos por oportunismo reactivo electorero.
Todos los partidos políticos panameños, desde 1989, han contribuido a configurar un Estado plutocrático-populista, basado en un discurso obsoleto, muy pobre en creatividad y vitalidad.
Las instituciones estatales están enfermas de corrupción y falta de profesionalismo; funcionan como bolsas de trabajo improductivo para decenas de miles de personas que pudieran ser más útiles, de existir un marco regulatorio que propicie el servicio público, el “empresarialismo” y la investigación científica.
Las opciones para la ciudadanía son dos: inscribirse en los partidos políticos y hacer presiones internas de cambios fundamentales en el rumbo de la dinámica social o desarrollar grupos de candidaturas independientes que hagan contrapeso al establecimiento político tradicional.
Ahora bien, si no hay un compromiso real de participación y de tener claro qué reformas y sacrificios deben aportar todos los elementos del conglomerado nacional, quedaremos eligiendo “para que no gane el más malo” sin garantías de un avance político que valga la pena.
El autor es médico psiquiatra y licenciado en derecho