La reciente noticia de que la embajada de la República Popular China sería instalada en Amador nos hace recordar la embajada de la federación rusa que está en las fases finales de su construcción, ubicada en medio de la comunidad residencial de Albrook. Instalar una embajada en Amador es tan ilegal como instalar la embajada rusa en Albrook, por violar la Ley 21 de 1997. Esta ilegalidad ya afecta a los vecinos negativamente.
Los residentes de Albrook protestaron contra la ilegalidad de instalar embajadas en Albrook. La Constitución Política de Panamá, artículo 233, especifica que la autoridad municipal es la responsable del desarrollo y el ordenamiento de la ciudad, y que el Órgano Ejecutivo garantizará el cumplimiento de dicha actividad. Además, la Constitución ordena a los funcionarios a cumplir y hacer cumplir la ley.
El presidente Varela desistió de su descabellado plan para instalar la embajada china en Amador. Los argumentos en contra fueron múltiples, pero ninguno hizo referencia a la Ley 21 y no sabemos cuál fue el argumento que lo hizo desistir. El respeto a la ley debió haber sido suficiente. Pero no. Tanto el alcalde José I. Blandón como el presidente Juan Carlos Varela traicionan a la voluntad ciudadana que los eligió al irrespetar la ley y la Constitución.
La Ley 21 de 1997 reglamenta el desarrollo de la región interoceánica y la conservación y desarrollo del área del Canal. Dicha norma establece el uso que se le debe dar al suelo del área canalera. Esta ley, al igual que la de la Autoridad del Canal de Panamá, fue llevada como anteproyecto al Encuentro Panamá 2000 y a las reuniones Coronados donde fueron aprobadas después de un amplio proceso de diálogo y concertación entre lasociedad civil, los partidos políticos y el Gobierno. El tema predominante era la búsqueda del bienestar de la ciudadanía panameña. La Ley 21 de 1997 no se debe irrespetar chabacanamente.
Referente a la embajada rusa en Albrook, en el año 2006 la asociación de residentes de Albrook se reunió en dos ocasiones con el representante de Ancón y con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores para dialogar sobre la intención de instalar la embajada rusa en medio de la comunidad residencial. Fueron diálogos amplios y respetuosos. Los residentes explicaron que el uso de suelo especificado en la Ley 21 de 1997 no permite la construcción de embajadas en las áreas residenciales de la comunidad de Albrook. Hasta allí llegó la diplomacia y lo respetuoso. Por encima de lo legal, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó el ofrecimiento del lote a Rusia.
Los residentes informaron que habían tomado seriamente el concepto de ciudad jardín que el Gobierno panameño promocionó. Albrook había sido parte de una actividad militar de Estados Unidos. El Gobierno panameño lo cambió a una actividad civil, anunciado como ciudad jardín. En el año 2005 los nuevos propietarios, sin afán de ofender y democráticamente, cambiaron los nombres de las calles en Albrook relacionados con la actividad militar a nombres de flora y fauna del área. Flor del Espíritu Santo había sido escogida para la calle donde está la escuela St. Mary, la misma calle donde se planeaba construir la embajada rusa. Todos los nombres nuevos de calles fueron oficialmente registrados en el Municipio de Panamá. En el año 2006 la autoridad municipal, el alcalde Juan Carlos Navarro, autorizó que se cambiara el nombre de la calle a San Petersburgo. El cambio se celebró con una ceremonia en la calle, con las autoridades panameñas y diplomáticos rusos. Ningún vecino de la comunidad fue informado ni invitado. Simplemente se cerró la calle para el uso público durante la ceremonia. Muchos residentes interpretaron esta acción como una imposición dictatorial por parte de nuestro Gobierno, foránea al carácter civil de la ciudad jardín.
La construcción se inició años después de estas reuniones. Hubo tiempo de sobra para buscar otro sitio. Durante la construcción hubo conflictos laborales entre los obreros panameños y los de la embajada rusa. Los de la comunidad se quejaron de violaciones a las normas urbanísticas nacionales. Desde la aprobación del proyecto y durante la construcción hemos tenido a tres distintos gobiernos. Primero el alcalde Juan Carlos Navarro y el presidente Martín Torrijos aprobaron el ilegal proyecto. Por último, el alcalde José I. Blandón y el presidente Juan Carlos Varela. Todos estos funcionarios incumplieron con su responsabilidad de cumplir y hacer cumplir la ley. La embajada rusa debe ser reubicada. Tanto la embajada rusa como la embajada china deben ubicarse en lugares permitido por la ley.
El respeto a la ley es esencial para lograr y mantener la paz nacional. Debemos aplicar el Código Penal a los funcionarios irresponsables, no importa su función.
El autor es ingeniero