Panamá, en su condición de economía emergente, presenta un caldo de cultivo fértil para el desarrollo de emprendimientos que permitan resolver dolencias sociales y estructurales propias de un sistema en el cual impera el capitalismo amiguista y la corrupción, y que a la vez puedan ser financieramente rentables y atractivas a inversionistas privados.
Si bien el pensamiento del premio nobel en Economía Milton Friedman, en cuanto a que la única responsabilidad de las empresas es hacia sus accionistas, proviene de una era en que las empresas evolucionaban de negocios familiares a corporaciones cotizantes en NYSE.
La realidad es que hoy día los consumidores son más sofisticados y tienen más acceso a información que les permite asumir poder dentro del marco del libre mercado defendido por el mismo Friedman, para guiar desde sus bolsillos las decisiones operativas, de trazabilidad, legalidad y ética de la empresa.
Estas decisiones impactan el valor en mercado de dichos productos, demostrando que es financiera y comercialmente coherente incorporar las posibles preocupaciones de quienes ponen su confianza y su dinero en los productos, tangibles o intangibles, que generan las empresas, así como de los distintos grupos de interés impactados por sus procesos.
Un ejemplo de esto es el hecho que hoy el 87% de los componentes del valor de mercado de las empresas Standard & Poor’s 500 corresponde a activos intangibles (e.g. reputación y propiedad intelectual), versus el año 1975, cuando estos solo representaban 17% de su valor, según el estudio anual de valor de mercado de activos intangibles de la firma Ocean Tomo.
Tomando como referencia este marco teórico, nuestros sectores público y privado se han beneficiado de los errores y aciertos de economías más maduras, permitiendo implementar buenas prácticas y premisas de desarrollo sostenible desde etapas más tempranas dentro del ciclo de vida de las empresas, haciéndolas más ágiles, eficientes y rentables.
Los modelos de operación mixtos y privados bajo los que hoy se gestionan algunos de nuestros servicios públicos, han traído también estándares de seguridad industrial, biodiversidad, gestión comunitaria y cumplimiento, los cuales en diversas instancias son superiores a lo que dicta la legislación local, y que contribuyen contundentemente al cumplimiento de las agendas establecidas en acuerdos como comunidad internacional.
La globalización como tendencia, así como los distintos tratados de libre comercio entre países, ha traído para las empresas un proceso de adaptación a normas y estándares internacionales como las ISO 9001 (calidad), ISO 14001 (ambiente) y Ohsas 18001 (seguridad industrial y salud ocupacional), las cuales, a su vez, son fundamento de la norma ISO 26000 de responsabilidad social empresarial, y que más allá de ser vistas como una mera ventaja competitiva, son una exigencia del mercado. Más recientemente, vemos la implementación de la ISO 37001, de Sistema de Gestión Anticorrupción, la cual ya está siendo traída a Panamá mediante subsidiarias de empresas extranjeras que aquí operan, y que en vista del actual entorno empresarial, preveo se convierta en una nueva exigencia transaccional para las industrias.
Al final, el peso de estos progresos descansa grandemente en los hombros del sector privado en su rol de generador de riqueza, y se evidencia más aún el rol de los Estados en garantizar el Estado de derecho y un marco jurídico estable y robusto para que las empresas dentro de la competencia de sus industrias, puedan brindar productos y servicios de forma libre y eficiente, pero sobre todo teniendo como base el desarrollo sostenible de la economía y de la gente que la sostiene.
La autora es miembro de la Fundación Libertad.