El presidente de la República, Juan Carlos Varela, anunció que a partir de enero de 2017 el salario mínimo en el sector público quedará en 600 dólares (lo que representa un aumento de 100 dólares), mientras que el salario mínimo de los miembros de la Policía Nacional se fijará en 850 dólares.
Lo que subyace en el fondo de este anuncio no es más que una nueva forma de fomentar el clientelismo político en tiempos navideños, porque cualquier medida que se anuncie en esta época se confunde, subrepticiamente, con un gesto de desprendimiento y de buena voluntad política.
La Federación Nacional de Asociaciones de Servidores Públicos (Fenasep) no cuestiona los merecidos aumentos, pero sí la falta de planificación, por el hecho cierto de que un grupo importante de servidores públicos que ejercen cargos a nivel técnico y profesional no cuentan con salario mínimo y, por muchos años, han sido excluidos de un justo y merecido aumento.
Este último grupo, compuesto por gente de clase media que se ha educado y preparado académicamente, ha sido sacrificado, humillado, olvidado y aplastado por el clientelismo político y las medidas populistas fomentadas por todos los gobiernos de turno, principalmente durante estas últimas administraciones.
Hoy por hoy, usted encuentra en el sector Gobierno: abogados, contadores públicos autorizados, ingenieros, arquitectos, psicólogos, periodistas, maestros, relacionistas, con doctorados y maestrías, pero con salarios paupérrimos y hasta menores de los que perciben actualmente los miembros rasos de la Policía Nacional, los operadores del Metro Bus y las “hormiguitas” de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, con todo el respeto que se merecen estas personas.
Así de triste es la realidad por la que atraviesa el recurso humano en la administración pública del Estado panameño, y que ningún gobierno se ha interesado en modernizar, lo que incentiva la corrupción a toda escala, porque los aumentos selectivos bajan la moral y lesionan la dignidad de los servidores públicos, a pesar de que muchos de ellos desarrollan tareas en puestos estratégicos, que demandan responsabilidad intelectual y capacidad técnica.
En este orden, los pocos aumentos otorgados han sido selectivos, para favorecer a los adeptos del partido gobernante y a mandos medios incondicionales, entre otros, sin mayor preparación académica. Todo esto acentúa, como nunca antes, la disconformidad y el malestar de estos profesionales de la extinta clase media.
Tenemos que reconocer que la actual administración presentó, en tiempo oportuno, el proyecto de ley 230 que pretendía modificar la Ley 9 de 1994 de Carrera Administrativa. No obstante, tenemos que denunciar que dicho documento jurídico actualmente languidece en unas de las comisiones de la Asamblea Nacional, debido a la conducta apática de los padres de la patria, quienes prefirieron, una vez más, apostar por el clientelismo político a su máxima expresión.
Así las cosas, no vemos a corto plazo que este proyecto prospere, porque a pesar de que fue presentado positivamente dentro de los dos primeros años, la maquinaria oficialista no tuvo la capacidad política, ni mucho menos la voluntad, también política, del resto de sus colegas diputados de convertirlo en ley de la república dentro del lapso considerado no contaminado por la proximidad del torneo electoral.
Concluimos, entonces, que los aumentos salariales anunciados, a pesar de tener un ingrediente de equidad y gesto de buena voluntad por parte del mandatario, lo que percibe la opinión pública y las organizaciones civiles es que tales acciones no son más que una nueva forma de fomentar el clientelismo político en tiempos navideños, lo que no resuelve el grave problema de distribución de la riqueza nacional.