En Panamá y en la mayoría de los países del mundo, a las instituciones de educación técnica les corresponde la tarea de formar a los profesionales en cada una de las áreas productivas de la economía. En nuestro país tenemos cinco universidades oficiales establecidas y acreditadas por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá, son estas: la Universidad de Panamá, la Universidad Tecnológica de Panamá, la Universidad Especializada de las Américas, la Universidad Marítima Internacional de Panamá y la Universidad Autónoma de Chiriquí.
Además, hay 38 universidades particulares que ofrecen distintas opciones de carreras profesionales y técnicas; 12 de estas están establecidas en Ciudad del Saber, amparadas por un decreto ley, y otras 8 operan, con un permiso provisional. Otras 9 instituciones fueron canceladas, al mismo tiempo que 7 enfrentan un proceso de cierre, debido a que incumplen los requisitos mínimos que exige la ley, verificados por la Comisión Técnica de Desarrollo Académico (CTDA), organismo adscrito a la UP, que, en coordinación con las universidades oficiales, adelanta el proceso de fiscalización.
El objetivo principal del organismo acreditador es, precisamente, garantizar la calidad de las instituciones formadoras de profesionales, para que el recurso humano que se emplea en diferentes actividades económicas del país adquiera las competencias necesarias y pueda desarrollarse en sus respectivos nichos de trabajo.
El planteamiento descrito es una muestra de avance en el sentido correcto, que asegure la calidad del proceso de formación profesional. Sin embargo, todavía persiste en el país una alta proporción de la población, en especial de la fuerza laboral, (66% aproximadamente) que no tiene formación profesional a nivel universitario, y se mantiene en diferentes actividades económicas, lo que implica limitantes en la capacidad para realizar tareas que requieren algún nivel avanzado de conocimientos o destrezas. Al final, esto afecta la productividad y competitividad de la economía.
Además, los institutos técnicos y vocacionales, como el Inadeh, y otros de nivel medio, poco han aportado a la superación del bajo nivel de instrucción formal que tiene la población económicamente activa (PEA) en Panamá, pues aunque están los programas y las instalaciones para formar al personal técnico en distintas disciplinas, solo el 2% del total de empleados en el país está en posesión de esos niveles de instrucción, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Además, algunos estudios referentes al tema han motivado interesantes iniciativas como la creación del Instituto Técnico Superior del Este (ITSE), por ejemplo, que plantea una nueva oferta educativa de nivel técnico superior para dar respuesta al déficit existente, a corto y mediano plazo. Y se espera que, a futuro, incremente la formación en las actividades de construcción, logística, industria y turismo, entre las más destacables.
Con este modelo, se espera que 5 mil personas entren, de forma simultánea, en un ciclo académico de dos años de duración, para ir cerrando la brecha existente entre la oferta y demanda laboral en las actividades mencionadas. Además, la flexibilidad de los programas que se abrirán en los ITSE permitirían una mejor adaptación a las necesidades del mercado, para ello se requiere un eficiente mecanismo de comunicación, coordinación y articulación, entre el sector privado, los trabajadores organizados y el sector público, de manera que las necesidades sean identificadas a tiempo y el planeamiento de los programas pueda orientarse de manera oportuna.
Por último, es muy importante que la población, en general, y los gobernantes de turno, prioricen el tema educativo y mantengan, como política de Estado, todo lo concerniente al apoyo y facilitación del proceso de formación en los distintos niveles educativos, teniendo en cuenta la importancia de cada uno para las diferentes etapas del ser humano y del desarrollo económico en todo el país.