Todo el mundo habla de acabar con la corrupción, pero pocos sugieren cómo hacerlo. La verdad, creo que ni siquiera nos hemos planteado la dimensión del problema. La corrupción en el sector público no se da solamente en los altos niveles. No, se le encuentra en todos partes: desde el oficinista que recibe papeles y pide algo para el café hasta el jefe del departamento que aprueba y menciona que está haciendo una colecta para ayudar a un equipo deportivo. Lo que sí es cierto es que mientras más alto es el funcionario mayor es el salve, ayuda o favor que se requiere para obtener su apoyo.
Tampoco es cierto que todos los funcionarios pidan coima, o la acepten, pero una buena cantidad de ellos sí, en especial los que tienen que administrar trámites; al menos esa es la experiencia que tuve cuando hace unos años se me ocurrió abrir un pequeño negocio de venta de comidas.
¿Cómo eliminar todos esos malos hábitos de inspectores, secretarias, funcionarios y directores del sector público? Una fórmula sería premiar al eficiente y honrado al final del año, con el pago de un incentivo en efectivo cuyo monto se basaría en la cantidad de trámites, permisos, o inspecciones realizadas con honestidad.
Para hacerlo en todos los ministerios, autoridades y dependencias del Estado se tendrían que crear sistemas de evaluación de manera que para cada colaborador se puedan establecer metas medibles que incentiven la ejecución de funciones con la esperanza de cobrar un “bono” antes de Navidad.
Es un incentivo que se utiliza a menudo en la empresa privada para que los trabajadores mantengan el interés de lograr los resultados que esperan las compañías, ya sea en ventas o producción. En el sector público la premiación por excelencia es más complicada, ya que requiere la definición clara de puestos de trabajo y de objetivos específicos de cada unidad ejecutora. Un ejemplo de este tipo de incentivo se ha utilizado por años en el Canal de Panamá (desde la época de los estadounidenses). Cada empleado discute con su supervisor sus metas para el año fiscal, dependiendo de lo que hace y de las metas de la institución.
El avance de estas metas se revisa dos o tres veces durante el año para verificar el progreso, y antes del cierre anual se completa la evaluación de desempeño del colaborador, de la cual dependerá si recibe el bono o no. Además del trabajo logrado, se toman en cuenta otros factores como cooperación, participación en cursos y actitud.
Trabajé en el Canal por muchos años y recuerdo cómo todos los empleados nos manteníamos pendientes tanto de las metas individuales como de las metas corporativas.
Este tipo de incentivo podría ayudar a que los empleados públicos que a diario deben realizar tareas muy importantes y valiosas para la sociedad pero que se vuelven aburridas, como revisar expedientes, hacer inspecciones, examinar pacientes, reparar tuberías, recoger basura, etc., todas estas sean realizadas con la satisfacción de que su esfuerzo cotidiano será evaluado, valorado y remunerado.
En esencia se podría disminuir la tentación por parte de los funcionarios de pedir incentivos para “agilizar” trámites o solicitudes de empresas, y reducir así la corrupción.
La autora es ciudadana