La batería de medidas anunciadas el lunes por el presidente de Francia, François Hollande ante la guerra declarada contra su país y todo Occidente por el Estado Islámico (EI) delimita la estrategia sobre el terrorismo: unidad en lo fundamental, la defensa de la libertad y el derecho; firmeza a la hora de hacerlo recurriendo legítimamente al uso de la fuerza, cuando sea preciso, y plena legalidad a la hora de adoptar cualquier tipo de decisión que afecte a la vida de los ciudadanos.
Estos tres valores diseñados por Hollande ante una sesión conjunta extraordinaria de la Asamblea Nacional y el Senado franceses encarnan exactamente lo opuesto al proyecto totalitario del EI, que fundamenta su actuación en el desprecio a la libertad individual y a la vida, en el gobierno bajo la tortura y el asesinato y en la ausencia total de referencias legales, más allá de una macabra interpretación del Corán rechazada por la mayoría del mundo musulmán.
Hollande acierta al marcar la diferencia entre las medidas urgentes y aquellas a largo plazo, porque la lucha contra el yihadismo va a ser larga –Estados Unidos (EU) la empezó hace más de 14 años– y necesita cobertura social y legal para tener visos de éxito. Pero ni Francia ni ningún país similar deben perder nunca de vista el equilibrio entre la seguridad y la libertad, y también es necesario analizar el caso de EU en este sentido.
La petición de la extensión del estado de emergencia durante tres meses, junto al anuncio de más ataques militares galos contra posiciones del EI y más apoyo a quienes combaten sobre el terreno al yihadismo son pasos lógicos en un primer momento para que sus líderes sientan la reacción de la sociedad atacada. Y que la sientan tanto dentro de Francia como en sus propios cuarteles generales, tal y como sucedió el domingo por la noche, cuando aviones franceses bombardearon Raqqa, la capital oficiosa del EI. El yihadismo debe apreciar la veracidad de las palabras de Hollande cuando advierte que el objetivo de Francia no es atacar al Estado Islámico, sino destruirlo.
Además, las medidas a largo plazo tendrán gran trascendencia en Francia y en el resto de Europa, comenzando por la reforma constitucional adelantada por el Presidente francés y que incluye asuntos tan delicados como la retirada de la nacionalidad a quien se involucre en actos terroristas, la reforma de los estados de excepción y de sitio o la disolución de asociaciones que inciten al odio.
La iniciativa francesa de ofrecer un pacto de seguridad que mejore las respuestas contra el terrorismo dentro del estado de derecho puede marcar el camino en Europa. Por eso, tan importante como la eficacia es –hay que insistir– que se garantice el mantenimiento del complejo equilibrio entre libertad y seguridad que caracteriza a las democracias. Son cambios de gran trascendencia en los que cualquier paso en falso, cualquier medida excesiva o mal empleada, cualquier reacción que no tenga en cuenta las consecuencias, pueden tener desastrosas repercusiones en la calidad democrática de las sociedades a las que se quiere proteger.
En todo caso hay que alabar la firmeza y la sangre fría con las que Francia y su Gobierno están reaccionando ante la espantosa carnicería acaecida hace apenas unos días. Una actitud a la que hay que brindar todo el apoyo posible y toda la solidaridad desde las instituciones y cuerpos de seguridad de cada país y desde los propios ciudadanos. Es fundamental que la sociedad europea tome conciencia de que es un objetivo prioritario del terrorismo yihadista. Y de que se trata de una lucha por la supervivencia de un modelo –convivir en libertad y en democracia– de la que nadie puede quedarse al margen.