El fuero penal electoral es una herramienta que protege temporalmente a los aspirantes a cargos de elección popular de falsas acusaciones y detenciones arbitrarias. Recordemos que en 1989, los candidatos opositores a la dictadura militar enfrentaron el riesgo de sufrir torturas, exilio, procesos judiciales amañados e incluso la muerte. Esos hechos ocurridos en aquel tiempo nos dan un recordatorio del verdadero significado del fuero penal electoral, el cual únicamente protegía a los candidatos para las elecciones generales.
Sin embargo, el ámbito de protección del fuero penal electoral se ha expandido hacia los candidatos de elecciones primarias y otros procesos internos de los partidos políticos. Incluso hasta los que no son candidatos son sujetos de fuero penal electoral, lo que se presta para que los implicados en cualquier proceso judicial lo dilaten y así evadir la justicia.
Las reformas electorales de 2017 se convirtieron en el escenario perfecto para reforzar esa impunidad que otorga el fuero penal electoral. En aquel tiempo, muchos de esos candidatos que compitieron en los procesos internos y que además son implicados en los altos casos de corrupción que se manejan en el Ministerio Público, aun sabiendo que iban a perder, participaron con el único objetivo de valerse del fuero penal electoral para detener temporalmente las investigaciones y ganar tiempo para inventarse cualquier excusa para preparar e interponer otras acciones legales y lograr la prescripción de la acción penal.
Algunos de esos candidatos hasta se han candidatizado por la libre postulación simultáneamente a su candidatura por el partido político al que pertenecen para invocar un doble fuero penal electoral.
El fuero penal electoral no es una patente de impunidad, es una garantía para que los gobernantes de turno no persigan políticamente a opositores e incluso allegados a su mandato que buscan aspirar a un cargo de elección popular.
Dado que ya no vivimos en dictadura y el fuero penal electoral se ha prostituido, la ciudadanía hace el llamado a la Asamblea Nacional para que reforme el Código Electoral con el fin de que esta figura sea eliminada para los procesos internos de los partidos políticos y que solo sea utilizado para las elecciones generales. No podemos seguir permitiendo que los corruptos se valgan de esta garantía para salirse con la suya.
El autor es profesional del mercadeo