No puedo desarrollar mi escrito sin antes definir que una “fuerza de tarea conjunta” es una organización conformada por agentes militares y policiales para alcanzar un fin determinado. En el caso que nos interesa, la Fuerza de Tarea Conjunta Águila es una unidad de la Fuerza Pública, integrada por la Policía Nacional, el Senafront, Senan, SPI y agentes de Migración, creada para rescatar los espacios públicos tomados por los delincuentes, sobre todo, en las ciudades de Panamá y Colón.
Para que esta acción operativa-táctica de la fuerza pública tenga mayor peso específico, debe derivar de una política pública y así pueda ser calificada como una estrategia de seguridad, debidamente estructurada, como una acción que responde a esa política.
Las políticas públicas incluyen planes, prácticas y criterios analizados para alcanzar determinados objetivos. Una estrategia es un conjunto de acciones encaminadas a lograr un objetivo. La política es como el objetivo macro, en cambio las estrategias son las formas de llegar a cumplir con esa política.
Una política requiere necesariamente de un conjunto de estrategias para ser alcanzada, de lo contrario será letra muerta.
No me parece sensato hacer comentarios críticos destructivos hasta tanto se puedan medir los resultados de esta operación policial. Pero, si la Fuerza de Tarea Conjunta Águila quiere resultados positivos, debe ser sostenible y ser parte de un paraguas de largo alcance, llámese plan, para que se vaya adecuando a las coyunturas que se presenten, sin improvisación ni margen de discrecionalidad. Si esta acción policial, táctica–operativa responde a un plan, este debe ser debidamente anunciado y bien explicado a la población, que tiene muchas expectativas respecto a la inseguridad que vivimos. Hablo de una especie de rendición de cuentas a la ciudadanía.
En 2004, tras un consenso entre gobierno, sociedad civil, empresa privada y organismos internacionales, se presentó a la opinión pública un plan para ayudar a trazar una política criminológica encaminada a enfrentar el flagelo bajo parámetros científicos, arrancando su accionar con la identificación de cuáles son las raíces que hacen que un individuo adopte conductas antisociales.
Si no se hace un diagnóstico profundo de este problema, que se puede considerar como de salud pública, el remedio que se aplique no curará la enfermedad social que nos afecta.
La Sociedad de Estudios Internacionales-Panamá, de la que formo parte, concluyó que debemos actuar de inmediato, porque las amenazas globales, que pareciesen muy lejanas, están a la vuelta de la esquina, tal como se concluyó en el congreso internacional sobre “Las amenazas globales y su impacto regional”, que se realizó en Panamá, este 16 y 17 de marzo, con expositores de Estados Unidos, México, El Salvador, Panamá, Colombia, Chile y España.
La Fuerza de Tarea Conjunta Águila debe abarcar a todo el país. Pienso que se ha estructurado, en principio, para atender las áreas más violentas de Panamá, Panamá Oeste y Colón, como prioridad. Pero hay que tener en cuenta que todo delincuente aprovecha las oportunidades, y que migrar hacia el interior será una opción, ante la presión que ejercerá la nueva fuerza de tarea conjunta.
Desempolvemos la política criminológica que está vigente (Decreto Ejecutivo 260, de junio de 2006) para elevarla a ley de la República o, en su defecto, integrarla al Plan Estratégico 2017-2030 que se tiene previsto desarrollar. Encaminados en esa dirección estaríamos dando un golpe de timón a la gestión de seguridad que, por muchos años, ha seguido los mismos derroteros, con avances y retrasos, pero no permanentes.
