Si se cumplen las previsiones, el pleno del Senado votará el día 11 la aceptación del proceso de destitución de Rousseff. Con solo una mayoría simple, la líder del gobierno será apartada provisionalmente por realizar maniobras fiscales y presupuestarias mientras el Senado estudia su suspensión definitiva. Muchos piensan que, aunque la presidenta finalmente consiga librarse de la destitución, no volverá, porque resulta difícil recuperarse de un desgaste como este. El Partido de los Trabajadores (PT) se prepara para el fin de 13 años de poder en medio de una extenuante crisis.
La Fiscalía de Brasil empeoró este martes todavía más la cuenta atrás del PT con una ofensiva doble, contra Rousseff y Lula da Silva, las dos caras del partido. Respecto a Rousseff, el fiscal general Rodrigo Janot pide al Supremo que la investigue por haber interferido en el caso de corrupción Petrobras al nombrar a un juez supuestamente favorable en el Tribunal Superior de Justicia. En la solicitud señala a otra treintena de personas, entre ellas el jefe del Gabinete de la Presidencia, Jaques Wagner; el ministro de la Secretaría del Gobierno, Ricardo Berzoini; el ministro de Comunicación Social, Edinho Silva; y el líder del Parlamento, Eduardo Cunha, del Partido de la Social Democracia Brasileña, enemigo acérrimo del gobierno y responsable por arrancar su destitución. El día anterior pidió pesquisas contra el principal líder de la oposición, Aécio Neves, del Partido de la Social Democracia Brasileña.
La Fiscalía exige también una investigación de Lula, pero además, en otro proceso paralelo, lo denuncia por obstrucción a la justicia debido a la sospecha de que participó en la compra del silencio del exdirector de Petrobras Néstor Cerveró. La denuncia es importante porque, si el Supremo la acepta, Lula pasará a estar oficialmente imputado por primera vez en el escándalo de la petrolera estatal. Y se encontrará con una Suprema Corte hostil, especialmente después de que en marzo se filtrasen pinchazos telefónicos en los que Lula repite que las altas instancias judiciales están “acobardadas” por el juez Sergio Moro, responsable por investigar el caso Petrobras, y en las que al fiscal general Rodrigo Janot lo llama “ingrato”.
Las sospechas contra Lula y Rousseff se basan en confesiones, entre otros, del senador Delcídio do Amaral, exmiembro del PT, que tiene un acuerdo para revelar detalles sobre el caso Petrobras a cambio de ventajas judiciales, y que ha repartido acusaciones que salpican a políticos de los principales partidos de Brasil.
Lula respondió a la denuncia de la Fiscalía en un comunicado del Instituto Lula, la fundación que opera como su portavoz. Negó que participase de la corrupción de Petrobras “ni directa ni indirectamente”, y calificó las novedades de “juicio anticipado e inaceptable que se basa en las palabras de un criminal”. Rousseff ha señalado que las informaciones de la Fiscalía se han hecho públicas pocos días antes de la votación del proceso de destitución en el Senado, y ha advertido de que buscará responsables. “Quienes las filtraron tienen intereses oscuros e inconfesables”, declaró este miércoles en un encuentro con la prensa en Brasilia. No respondió a las preguntas de los periodistas. En las fotos sale seria y pensativa.