La destitución de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, aprobada el pasado miércoles por el Senado del país por 61 votos a favor y 20 en contra, constituye un golpe bajo al funcionamiento institucional de un país que durante décadas y con esfuerzo se había convertido en ejemplo de democracia consolidada para toda la región.
Los partidos políticos responsables del apartamiento han utilizado torticeramente un procedimiento de destitución previsto en la Constitución para casos extremadamente graves, y lo han ajustado a juegos políticos cortoplacistas sin importarles el daño causado a la legitimidad democrática.
En una república presidencialista, la destitución del jefe del Estado es un hecho de extrema importancia, una excepción al sistema que permite al Parlamento revocar la voluntad popular y destituir a quien ha sido elevado directamente en las urnas a la máxima institución de Estado.
Por tanto, no puede ser utilizado más que en casos excepcionales y de forma muy tasada so pena de crear una grave crisis política e institucional.
Pero este no es el caso de Dilma Rousseff. Al ser imposible encontrar ninguna prueba de implicación en el escándalo Lava Jato, una red de corrupción generalizada en la que están implicados destacados miembros de partidos que el miércoles votaron contra ella, los legisladores han recurrido a un motivo, la desviación en el presupuesto, que aunque previsto en la Constitución, carece de suficiente entidad política para justificar la destitución de Rousseff y el trauma y división al que se aboca al país.
Que Rousseff haya sido depuesta, pero no inhabilitada para ocupar cargos públicos, demuestra que el Congreso brasileño ha aplicado las normas sobre destitución con objetivos bien distintos a los que la norma perseguía.
Estamos ante un fraude de ley que arroja una grave sombra sobre el futuro inmediato de Brasil, más necesitado de unidad ante la crisis económica y política, que de divisiones irreconciliables.