A pesar de las enormes posibilidades que se abren en un mundo globalizado para que todos los seres humanos accedan a una vida mejor y más digna, el nuestro es un planeta injusto y excluyente. El 8% de la población mundial acumula el 50% de la riqueza. Cerca de mil 300 millones de personas sobreviven en pobreza extrema con menos de un dólar diario. La desigualdad tiene consecuencias devastadoras en la educación: 175 millones de jóvenes de países de ingresos bajos y medio bajos son incapaces de leer toda una oración o parte de ella.
Pero no solo la desigualdad genera inequidad en el acceso a la educación, también ocurre en sentido contrario, la ausencia de educación o una educación de baja calidad es generadora de pobreza y desigualdad. Los colectivos más vulnerables que con más facilidad son arrastrados a este círculo de pobreza e inequidad en el acceso a la educación son, por ejemplo, 31 millones de niñas y mujeres, 168 millones de niños y niñas trabajadores, 93 millones de niños y niñas con discapacidades, o 51 millones de personas que se encuentran en situación de refugio, desplazamiento o migración, entre otros. Cuando dos o más factores de exclusión se juntan, por ejemplo, niña perteneciente a una minoría étnica, las condiciones pueden ser especialmente dramáticas: en Nigeria, solo un 3% de las niñas de habla hausa recibe más de dos años de educación formal ¿Qué futuro espera al 97% restante?
Es necesario defender y promover una educación inclusiva, que contribuya a un modelo social más equitativo y justo. Y es que, detrás de un modelo educativo, haya un modelo de sociedad. Avanzar en el camino de la educación inclusiva supone promover una sociedad en la que las desigualdades sean cada vez menores; pacífica y respetuosa de las diferencias para enriquecerse con ellas.
Es necesario construir comunidades educativas adaptadas, flexibles y atentas a las necesidades de todos y cada uno de los educandos sin excepción que, a su vez, se constituya en el germen de una nueva sociedad con igualdad de oportunidades para todas las personas. Promover una educación inclusiva es una responsabilidad del Estado, garante de los derechos fundamentales de la ciudadanía; incumbe directamente a los docentes, educandos, padres y madres de familia y resto de actores implicados en la educación, y también a quienes se ven influidos por ella, que son el conjunto de la sociedad sin excepción. Como dice un proverbio africano: para educar a un niño hace falta la tribu entera. Y una sociedad educadora, es una sociedad inclusiva.