Los errores en la negociación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) produjeron lo que parecía imposible: la convergencia mayoritaria de los colombianos; y el reencuentro de Santos con Uribe. Los conservadores (Pastrana y Martha L. Ramírez) y otras fuerzas políticas sensibles al sentido común han correspondido a la nobleza del presidente, cuando el referendo lo forzó a abrir las puertas a la oposición. Recordemos que en una de sus exhaustivas entrevistas, el reputado periodista británico Stephen Sackur (BBC, Hardtalk), dijo a Santos que frente a un “no” plebiscitario tendría que renunciar. El presidente contestó: “estaría en una grave dificultad, pero estoy absolutamente convencido de que la abrumadora mayoría de colombianos me apoyaría”. Pocas veces las sorpresas de la historia reciente han sido más impactantes y positivas. Santos jugó las cartas del miedo y lo “políticamente correcto” para hacer aprobar un acuerdo concesivo. Redujo la mayoría necesaria al 13%, acondicionó la pregunta y aseguró el retorno a la guerra si se votaba el “no”. Pero la campaña lúcida y misionera de Uribe para demostrar los peligros de los acuerdos tuvo eco. Se sumó la labor de CNN en Español, exponiendo los testimonios genuinos de exguerrilleros presentados por F. del Rincón los días previos al referendo.
Quienes votaron en contra o se abstuvieron cambiaron el curso de la historia. Santos lo reconoció de inmediato. Pero la rápida reacción de las FARC descartando las hostilidades demostró que en La Habana se podía haber logrado más, y que la amenaza de la guerra era el bluff de una guerrilla diezmada por el dúo Uribe, presidente y Santos, ministro de Defensa.
La Habana no habría sido posible sin los éxitos de la fuerza del Estado para imponer la autoridad de la ley. Pero se negoció, de igual a igual, con terroristas narcotraficantes que, apoyados por Cuba y Venezuela, arrancaron cesiones que los colombianos no avalan, aunque apoyen la paz. El plebiscito deja claro que Colombia rechaza acuerdos que hipotequen su futuro y que, además de impunidad, concedan ventajas políticas gratuitas a quienes asesinaron, secuestraron, violaron y corrompieron para tomar el poder. Aunque entreguen las armas, el futuro partido político de las FARC encarnará el marxismo-leninismo más radical. El que jura que “su” fin justifica cualquier medio. Nadie olvida cuando Timoshenko dijo que sería inconsecuente si pidiera perdón a las víctimas, porque no se arrepiente, ni tiene por qué arrepentirse. Los delitos de lesa humanidad que perpetraron son propios “de la dinámica de la guerra”, dice.
Ocurre que las FARC y el ELN luchan por una paz que entronice esa justicia –dizque social– que para las cúpulas comunistas es un igualitarismo injusto, imposible y contrario a la naturaleza humana. Quienes claman por un acuerdo a cualquier precio persiguen una paz frágil y defectuosa, porque ignoran que la justicia –la verdadera– es un valor sin el que no puede haber paz digna, estable y duradera.
El Comité noruego que otorga el Nobel de la Paz (Noruega es garante del proceso de La Habana) tuvo la inteligencia de premiar a Santos. No a Timoshenko. Pero las FARC aducen falazmente que el plebiscito no tiene efectos jurídicos y que los acuerdos son casi intocables por haber sido entregados al Consejo Federal de Suiza, depositario de las Convenciones de Ginebra de 1949. Su primer párrafo introductorio proclama que “Estos tratados fundamentales se basan en el respeto debido a la persona humana y a su dignidad; refrendan el principio de la asistencia desinteresada y prestada sin discriminación a las víctimas, al hombre que, herido, prisionero o náufrago, sin defensa alguna, ya no es un enemigo, sino únicamente un ser que sufre”. Tan noble propósito se traduce en las normas de las convenciones, algunas de las que son comunes a las cuatro. Entre ellas el artículo 3, que la cúpula de Timoshenko invoca cínicamente, pues enumera los maltratos que las FARC han cometido contra las víctimas en violación de los convenios. Aunque haya merecido críticas, el Nobel para Santos es un gran estímulo internacional a las negociaciones que le toca conducir, como jefe de Estado, en las que debe atender fielmente el mandato de los colombianos y la posición de los políticos de categoría que los representan.