La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) decidió no formar parte de la Cumbre Humanitaria Mundial (WSH, por sus siglas en inglés) de mayo. Durante 2015, 75 hospitales gestionados por MSF fueron bombardeados. El objetivo de los ataques contra centros y personal médico es destruir los servicios de atención sanitaria, dañar y castigar a la población civil con la supuesta excusa de buscar objetivos terroristas.
El Comité Internacional de la Cruz Roja documentó, entre 2012 y 2014, más de 2 mil ataques. En octubre del año pasado, Estados Unidos atacó un hospital gestionado por MSF en Kunduz, Afganistán. Murieron 42 personas y el hospital quedó destruido. El Gobierno norteamericano solo interpuso sanciones leves a 16 militares. No era un crimen de guerra porque “no fue deliberado, una consecuencia de errores humanos y técnicos”, señalaba el Pentágono. Meinie Nicolai, presidenta de MSF en Bélgica, destacaba que “el umbral que debe ser cruzado para que este incidente mortal sea una grave violación de las leyes humanitarias, no es si fue intencional”. El informe elaborado por Estados Unidos era una admisión de una operación militar incontrolada en un área urbana.
Situaciones de desprotección provocadas por la violación de reglas fundamentales de la guerra, los centros médicos y sus pacientes poseen estatus de protección, sin importar si se trata de civiles o combatientes heridos. Infraestructuras destruidas; violencia contra personal médico, que huye de la zona, heridos y enfermos sin atender; bloqueos en las fronteras de Jordania, Turquía y Macedonia; y el trato discriminatorio a refugiados y migrantes.
“No sabemos cómo la cumbre ayudará al sector humanitario a hacer frente a las masivas necesidades causadas por la continua violencia contra las personas, pacientes y personal médico. La responsabilidad de los Estados y la capacidad disminuida del sistema humanitario causan más sufrimiento y muertes”, afirma la organización MSF. Los Estados se sitúan al mismo nivel que las agencias de Naciones Unidas y las organizaciones de la sociedad civil, que no tienen ni su poder ni sus mismas obligaciones. Los objetivos planteados para los Estados en el WSH se dirigen a mantener los intereses de seguridad nacional y declarar sus buenas intenciones. Quedan a un lado las leyes humanitarias y se olvidan las restricciones impuestas por algunos países al acceso humanitario y servicios básicos.
Joanne Liu, presidenta internacional de MSF, subraya que “la esencia de la profesión médica y la responsabilidad ética es curar. En el campo de batalla, negarse a curar a un herido supone un crimen de guerra. Hice un juramento y debo curar a cualquier persona, con independencia de quién sea”. Liu afirma que estas guerras se enfocan desde la lucha contra el terrorismo.
Proteger a los heridos, a los enfermos y a quienes cuidan de ellos debe ser una obligación por parte de instituciones y Estados. De lo contrario, se perpetúa una de las más crueles formas de violar los derechos humanos durante los conflictos armados.