Hoy por hoy

La Defensoría del Pueblo enfrenta una crisis institucional. La entidad, que fue creada hace más de dos décadas para defender los derechos humanos de los panameños y de los extranjeros que habitan este territorio, se enfrenta a una cruel paradoja: la Defensoría no tiene quién la defienda. La política partidista ha convertido a la entidad en un botín del gobierno de turno, otro espacio más que debe ser llenado por aquellos que “caminaron” buscando votos, o por leales portadores del carné del partido. Atrás quedaron las pretensiones de que el defensor o defensora del Pueblo fuera un vocero del gran reclamo social, político, económico y ambiental. Aunque tuvo atisbos de esto en sus inicios, los defensores más recientes son recordados por el uso agresivo de los teléfonos celulares, el gasto suntuario en mobiliario, o por haber reducido a un gigante a un muñeco de trapo. Además de la situación específica del defensor de turno, la institución tiene que recobrar su rol central en las críticas y en el cuestionamiento al poder. Más que un trabajo de oficina, la Defensoría debe ser vista y entendida como una vocación de servicio, en favor de los que no tienen voz, o de aquellos a los que nadie escucha. Hoy, la Defensoría del Pueblo está a punto de convertirse en otra fuente de nombramientos y en otro valle de los caídos para políticos derrotados . Por todo esto, los derechos humanos en Panamá han sufrido una gran perdida.