En junio de 2017, el entonces ministro encargado de Ambiente aprobó una resolución que le quitaba la capacidad de decisión a las direcciones regionales de este ministerio, en lo referente a obras estatales. Este “favor” realizado en estrecha colaboración con la Secretaría de Metas, buscaba acelerar los proyectos del Gobierno a nivel nacional. Craso error. Por una parte se contradijo el esfuerzo de descentralización del Estado, y por la otra se excluyó a los ciudadanos más próximos a las obras gubernamentales, de opinar e incidir sobre aquello que les afecta. Lo peor es que se descartaron las normas ambientales como si fueran un mero papeleo o un trámite innecesario, enviando el más terrible de los mensajes: la protección de la naturaleza está subordinada a los fines politiqueros y clientelistas del momento. La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia detuvo este absurdo dos años más tarde. A escasos días del final de esta administración, queda claro que su legado ambiental estaba más apegado a los cortes de cintas que a la sostenibilidad y defensa del patrimonio de todas las generaciones de panameños.