Hoy por hoy

El Estado panameño nuevamente es llevado al banquillo de los acusados en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esta vez –y con sobradas razones para ello– el proceso es promovido por la exprocuradora Ana Matilde Gómez, condenada por la Corte Suprema de Justicia el 12 de agosto de 2012, tras una denuncia interpuesta por un exfiscal investigado por supuesta corrupción. La Corte Suprema cerró los ojos ante un proceso abiertamente político, en el que el gobierno de turno no pretendía otra cosa que secuestrar el cargo para hacer lo que le diera la gana, sin consecuencia alguna, con excepción de la impunidad. El de Gómez, fue un juicio amarillo, instaurado por el que se perfilaba como un tirano, y cuyas consecuencias todos los panameños hoy tendremos que pagar, porque lo que se hizo con la exfuncionaria fue un acto cobarde e ilegal. Tras su salida, se sucedieron los escándalos de toda índole, ignorados por la camarilla de títeres que se hacían llamar procuradores. Y hoy, una vez más, nos enfrentamos a escenarios más sutiles, pero con la evidente certeza de lo que ha hecho la actual dirección de la Policía Nacional en contra la institucionalidad del Ministerio Público persigue los mismos fines.