Resulta que el Gobierno de Hungría, haciendo caso omiso de su membresía de la OCDE y de la Unión Europea, decidió rebajar su tasa corporativa a 9%. Es decir, más bajo que Irlanda, que cobra 12.5% hace años y que ha logrado enormes beneficios para su economía. Es más, Irlanda les cobra a las empresas tecnológicas menos; un total de 6% de impuesto empresarial. Ambos han aceptado, a pesar de los millones gastados en consultorías sesgadas y amenazas de la OCDE, que la competencia fiscal es la forma de atraer inversión a sus países.
Un artículo de 13 de septiembre de 2017 publicado en el Financial Times afirmaba en su titular que los “Países de la OCDE están en un combate de competencia fiscal corporativa”. Dice la periodista Vanessa Houlder que la OCDE, localizada en París, afirmó que la competencia en impuestos empresariales se estaba intensificando, en parte en respuesta a la débil inversión en sus economías. Esto lo afirma Diego Sánchez de la Cruz, el 17 de junio de 2018, en el diario digital libremercado.com: “Hungría baja Sociedades al 9%… y la recaudación fiscal aumenta. Las empresas con actividad en Hungría se benefician de la fiscalidad empresarial más baja de la UE y la OCDE”. Fueron ocho países, liderados por Hungría, los que bajaron sus impuestos empresariales, mientras otros, como Francia, consideran crear incentivos mediante créditos fiscales para atraer empresas de investigación y desarrollo tecnológico.
En marzo de 2018, el ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, revelaba a Le Journal du Dimanche que la Unión Europea estaba preparando un nuevo impuesto para las empresas tecnológicas que operan en los países de la Unión. El objetivo era gravar a empresas como Google, Amazon, Apple y Facebook, ya que estas pagan pocos impuestos en Europa debido a que usan estructuras corporativas sofisticadas, pero legales, que les proporcionan sus asesores europeos en Irlanda, Luxemburgo y Países Bajos para minimizar su carga fiscal y repartir más ganancias a sus accionistas.
Resulta que los países nórdicos rechazaron en junio de 2018 este nuevo impuesto. Suecia, Dinamarca y Finlandia apoyados posteriormente por Irlanda, Malta, Luxemburgo (¡qué raro!), Lituania y el Reino Unido se oponían enfáticamente al impuesto promovido por Francia, ya que “creen que va contra el interés de la Unión Europea y podría perjudicar la economía”. En una declaración firmada el 1 de junio de 2018, los tres ministros nórdicos exponen los motivos de su oposición a gravar a las empresas digitales. Dice el comunicado: “Los países nórdicos son líderes en digitalización. La digitalización ha acelerado el desarrollo de nuestras economías y ha permitido la creación de nuevos modelos de negocios y su desarrollo. Es esencial que todas las empresas, incluyendo las digitales, tengan un ambiente amigable para crecer en el futuro. Impuestos justos y bien diseñados son un factor clave en alcanzar este propósito”.
Mientras tanto, la OCDE y sus compinches de la Unión Europea acusan a Panamá de tener regímenes perniciosos y están obligando a nuestro gobierno a eliminar los incentivos fiscales a la inversión en la Ciudad del Saber, el Área Económica Especial Panamá-Pacífico y bajo la Ley de Sedes de Empresas Multinacionales. Se habla de imponer un impuesto de 5% a las empresas que, atraídas por la leyes e incentivos originales (¿y la seguridad jurídica?), ahora tendrán que decidir si quieren mantenerse en Panamá. Mirémonos en el espejo de Puerto Rico, que tuvo por décadas una industria farmacéutica importante, llegando a ser 25% del producto interno bruto de la isla. Basada en una serie de incentivos fiscales y protección de patentes, fue un éxito hasta que el Congreso norteamericano decidió eliminar esos beneficios y cambiar las reglas del juego mediante la reforma llamada Section 936 . Hoy existe una industria farmacéutica débil y la isla está en quiebra.
La Real Academia de la Lengua define pernicioso como “gravemente dañoso y perjudicial”. Grave es permitir que los europeos llamen a nuestras leyes dañinas y perjudiciales y dejarlos que ellos sigan haciendo lo mismo, es decir, que no exista un level playing field. Como lo demuestran Hungría y los países nórdicos, la competencia fiscal por atraer inversiones es saludable y necesaria. Como lo resalta el ejemplo de Puerto Rico, las empresas se irán adonde menos paguen impuestos. ¿No lo haría usted?
Dejemos de pensar en pajaritos preñados de que tenemos el dólar, el hub y bobadas. Las empresas se van a ir de los regímenes preferenciales panameños a otros países. Así pasó en Puerto Rico con la industria farmacéutica. Así pasó con Intel en Costa Rica, que amagó cambiar la legislación y un año después el gigante tecnológico cerró sus operaciones. Lo único pernicioso aquí es la forma sumisa en que Panamá ha aceptado todas las exigencias de la OCDE y de sus esbirros.
El autor es abogado
