Al hablar de microfinanzas nos referimos a los servicios que se prestan a las personas de escasos recursos que asumen el riesgo de empezar una actividad empresarial y que, dada su condición, no cuentan con recursos para ello. Aquí es cuando las microfinanzas aparecen como una herramienta para facilitar el acceso al crédito de las unidades productivas –llamadas microempresas– que, aunque pequeñas en cuanto a generación de ingresos, proporcionan empleo y bienestar, al elevar la calidad de vida de la población.
Por lo anterior es que nacen las instituciones de microfinanzas (IMF) o microfinancieras, como un mecanismo para prestar servicios a la medida de dicha población, manteniendo productos innovadores de crédito que le permiten a los empresarios continuar su actividad económica. En Panamá, estos servicios son prestados tanto por bancos de microfinanzas registrados en la Superintendencia de Bancos de Panamá, así como por financieras y cooperativas que permiten la inclusión de las personas que no reúnen los requisitos mínimos para acceder a créditos en la banca comercial.
Esta labor de inclusión del sector informal promueve el desarrollo económico y social de esa población.
Según el Microscopio Global de Microfinanzas 2015, elaborado por The Economist Intelligence Unit (EIU), Panamá ocupa el puesto número 31 de 55, en el ranking, obteniendo una puntuación de 46 de 100 puntos, en la que destacan aspectos como la regulación de sucursales, agentes y corresponsales; sistemas de información crediticia; capacidad de regulación y de supervisión para la inclusión financiera y carteras de crédito, convirtiéndose en uno de los mejores entornos para la inclusión financiera en el mundo.
Sin embargo, el informe indica que, a pesar de que Panamá cuenta con un entorno propicio para promover la inclusión financiera, todavía falta ampliar la capacidad financiera en las poblaciones rurales, porque tienen una cobertura geográfica limitada, mientras que las innovaciones tecnológicas no avanzan con rapidez, y los costos de operación son altos para los proveedores de servicios financieros.
Hay importantes retos que asumir, por ejemplo, la supervisión de las IMF está dividida entre varios órganos de gobierno, dependiendo de la personería jurídica de la entidad supervisada, y los requisitos de información difieren en cada entidad.
Uno de los principales desafíos que enfrenta Panamá para lograr la inclusión financiera reside en la plena aplicación de la Ley 130 de 2013, que establece un marco regulatorio para las instituciones microfinancieras, y que podría servir como herramienta crucial para delinear políticas efectivas de inclusión financiera en el país.
En medio de lo expuesto, surge una iniciativa denominada Premio Citi Microempresa para el Desarrollo (Premic), que entre sus objetivos se propone fortalecer la “lealtad del cliente con la institución de crédito”, una de las características esenciales de las microfinanzas.
El Premic apuesta no solo a reconocer el esfuerzo del empresario de la microempresa, sino que también le brinda la capacitación necesaria para que puedan realizar de la mejor manera su actividad económica. Es por ello que durante el mes de noviembre pasado se realizó el encuentro de ganadores de los 14 países a nivel regional, con sede en Colombia.
En dicho encuentro se entrenó a los participantes con el objetivo de brindarles los conocimientos y las herramientas de cara a fortalecer sus emprendimientos y hacer que sean sostenibles en el tiempo.
Este año participó Yajairo Barría, oriundo de la provincia de Veraguas, quien maneja una empresa que elabora sillas de ruedas deportivas, a la medida del cliente. Él compartió sus experiencias, en un entorno de contacto de negocios, con los ganadores de ediciones similares de distintos países.
