Varios indicadores de instituciones públicas y privadas demuestran que desde 2008 –es decir, desde el estallido de la crisis financiera– la desigualdad aumenta con gran rapidez en la economía mundial. O, por decirlo con un tópico, los ricos son cada vez más ricos y los pobres, cada vez más pobres.
Un informe del banco Credit Suisse desvela los límites de ese crecimiento acelerado de la desigualdad: el 1% de la población mundial posee la mitad de todos los activos globales.
O, con más precisión, aquellos que tienen un patrimonio igual o superior a 761 mil dólares poseen tanto dinero líquido o invertido como el 99% restante de la población mundial.
Las razones de este abismo entre los más ricos y los más pobres son conocidas, aunque no por ello menos preocupantes. La llamada riqueza financiera ha resistido mejor los embates de la crisis. De hecho, los mercados no han dejado de subir en los últimos años, mientras que las economías nacionales han salido a duras penas de la recesión por el método principal de deprimir las rentas salariales.
No es necesario recurrir a Thomas Piketty para entender que la rentabilidad de las inversiones financieras ha sobrevolado con apenas altibajos la recesión global; y que muchas rentas altas se han protegido mejor de la crisis que las medias o bajas.
Ahora bien, lo más inquietante de esta evolución es la tendencia a suprimir los instrumentos económicos o fiscales capaces de moderar la desigualdad o aumentar la redistribución.
Mientras se observa una intensa acumulación de activos, superior a la registrada en épocas de prosperidad, se pretende reducir en varios países los impuestos sobre el patrimonio y no se presta atención ni a los paraísos fiscales ni al desplazamiento de tributos societarios hacia zonas de baja presión fiscal.
España es un ejemplo: los Gobiernos autónomos se han esmerado en recortar el impuesto sobre el patrimonio aplicando amplias exenciones y desgravaciones. Madrid lo ha eliminado mediante una bonificación del 100%. La displicencia de Hacienda suscita muchas dudas sobre el compromiso del Gobierno con la redistribución.
Si en España, según Credit Suisse, hay 360 mil personas con un patrimonio superior al millón de dólares cabe preguntarse por qué apenas figuran 180 mil declarantes.