La inseguridad y la corrupción son virus gemelos. Se refuerzan entre sí y sus efectos tienen fuerza pandémica sobre la sociedad. El resultado lo sufren los peruanos, hartos de una situación que se degrada peligrosamente. Sin embargo, ni los poderes públicos ni la mayoría de ciudadanos tienen una visión que abarque diversos elementos o partes de un sistema complejo. Simplifiquemos cómo funciona: por información de inteligencia, un policía detiene a un delincuente, el fiscal lo investiga y acusa ante el juez, este lo sanciona con pena de cárcel y la autoridad penitenciaria lo vigila para que no se fugue ni coordine con su banda mediante un celular de contrabando. Si falla cualquiera de estos elementos, el sistema se quiebra.
Sin embargo, cuando se protesta por la inseguridad ciudadana o la corrupción, no se pone énfasis suficiente en el poder judicial o el Ministerio Público, a pesar de ser problemas más complicados que el de la Policía –porque siendo poderes autónomos no responden a la jerarquía del Ejecutivo. No se trata solo del profesionalismo y honestidad de jueces o fiscales, sino de la funcionalidad de sus respectivas organizaciones, controles y recursos, así como de los mecanismos de trabajo que deberían tener para asegurar una coordinación eficiente con los otros componentes del “sistema de seguridad” en su conjunto. Echemos un vistazo a la realidad:
1. El popular ministro del Interior es un militar exuberante. Viste casaca y gorra con membretes de la “Policía Nacional”, y patrulla las calles con enjambres de subalternos y periodistas. Muchos piensan que, por fin, hay alguien que apuesta por la vilipendiada institución. Sin embargo, el impacto político del histriónico general será una distracción temporal si no se mejoran de raíz todos y cada uno de los mecanismos del sistema.
2. Investigadores como Ricardo Uceda han documentado los pacientes arreglos que se urdieron para elegir al cuestionado fiscal de la Nación, sobre el que pesan graves cargos que son objeto de cuatro procesos internos de investigación. Nada menos.
3. El poder judicial es paquidérmico y tan arcaico como los expedientes cosidos a mano. Arrastra décadas de carga procesal, magnificadas por huelgas interminables. No obstante, la celeridad no interesa y los plazos procesales se incumplen, aun en los procesos constitucionales para garantizar derechos fundamentales. ¿Cuántas paralizaciones laborales vendrán cuando se inicie la “inminente” digitalización del trabajo judicial?
4. El Instituto Nacional Penitenciario está condenado a administrar cárceles cada vez más abarrotadas, por la eliminación de beneficios penitenciarios y la elevación de penas.
Son problemas difíciles de abordar, porque involucran a poderes constitucionalmente autónomos y celosos de su independencia. De allí la importancia de contar con un diagnóstico sistémico e imparcial, y el liderazgo del jefe de Estado hasta culminar las reformas que tomarán varios mandatos presidenciales. Muy arduo, pero el Perú lo vale.