Partiendo de la premisa de que la Superintendencia del Mercado de Valores es un organismo autónomo del Estado con personería jurídica y patrimonio propio, la cual está en el deber de velar por la correcta actividad del mercado de valores en Panamá.
Hemos visto en los últimos años cómo ha ido aumentando paulatinamente la cantidad de multas, sanciones e intervenciones en empresas dedicadas a la actividad bursátil en nuestro país, lo que da claro indicio de un desorden por parte de los empresarios.
Tomando en cuenta los informes de los últimos cinco años donde se visualizan 44 sanciones que van desde $900 hasta $500 mil desde 2013 hasta febrero de 2017, según documentación de la Superintendencia del Mercado de Valores, incluyendo revocación de las licencias para ejercer estos tipos de actividades por violaciones al Decreto Ley No. 1 de 1999.
Esta norma contiene las regulaciones generales para las casas de valores, donde se mencionan conflictos de intereses, servicios de intermediación de valores o instrumentos sin estar autorizados por la Superintendencia o sin observar las condiciones fijadas en la autorización, además de omitir, retardar o negar el proporcionar información sin causa justificada, o proporcionar datos falsos a la Superintendencia en el marco de un requerimiento escrito, una inspección o una investigación realizada por esta.
Siendo estas acciones de las más relevantes considerando no solo la criticidad de las mismas, sino el peligro que corren los consumidores del mercado de valores en nuestro país, ya que es bien sabido que aunque Panamá no se encuentre en el mejor momento de su economía, es considerado un país de oportunidades para nacionales y extranjeros, pero la falta de atención a estas entidades que llevan esta mala administración en sus procesos, su debida diligencia y el conocer a sus clientes puede abrir nuevas puertas al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo.
Queda en directa responsabilidad de las entidades que manejan activos el reportar a la Unidad de Análisis Financiero cualquier tipo de operación que dé indicios de estas actividades fraudulentas.
No puedo finalizar mi intervención en este escrito sin antes hacer un llamado de atención no solo a las entidades reguladoras, sino al pueblo panameño que labora arduamente para hacer de este país un buen lugar para vivir, diciéndoles que aunque sea realizando nuestro trabajo hacemos patria y si laboramos en estas instituciones donde vemos movimientos que atenten contra nuestra integridad como personas, estamos en el derecho y deber de actuar.
No reportar este tipo de actividades, que muchas veces por desconocimiento de cómo se vinculan las operaciones bursátiles con el lavado de activos, solo nos transforma en cómplices ingenuos de la construcción de un ambiente tóxico y corrupto para esta y las futuras generaciones.
Respetemos las normas, las regulaciones, además de mantenernos instruidos, hagamos que el mercado de valores en Panamá baje esa tasa de sanciones, seamos responsables y el día de mañana podremos decir que dimos por lo menos ese grano de arena que convirtió a nuestro país en un Estado limpio de comercios corruptos y un excelente lugar para vivir seguro e invertir sin preocupaciones.
El autor es estudiante de maestría de la UIP