BECA UNIVERSAL

Inversión en capital humano

Recientemente, el presidente Juan Carlos Varela sancionó la ley que amplía el beneficio de la Beca Universal en el sector privado, hasta un máximo de 2 mil dólares, monto que los padres de familia invierten en educación, entre matrícula y anualidad. Inmediatamente, surgieron detractores que la consideraron parte de un paquete de subsidios populistas que, desde hace un par de administraciones, abruman las arcas del Estado.

La definición económica de un subsidio señala que es lo contrario a un impuesto. Se aplica para estimular artificialmente el consumo o la producción de un bien o servicio.

En este caso, la beca no aumentará el consumo de servicios educativos privados, pues igual se reciben en la educación pública, de manera que no encaja en esta definición.

El Estado, instintivamente, más con un ánimo de autopreservación, se decidió a transferir anualmente $270.00, $360.00 y $450.00 a los acudientes que tienen sus hijos en escuelas privadas, en primaria, premedia y media, respectivamente, considerando quizás que ello coadyuvaría a que permanezcan en la educación particular, y no emigren al sistema de educación oficial, en el que cada estudiante le cuesta al Estado 2 mil 700 dólares anuales, solo en términos operativos, pues si tuviésemos que cuantificar la inversión en activos fijos para poder recibir nuevos estudiantes, la cifra se dispararía de forma exponencial.

Pareciera que la Beca Universal, en el caso de la educación particular, encaja en la definición de una subvención, pues se transfiere dinero público al sector privado con un objetivo específico. No obstante, en una subvención no se espera que el beneficiario devuelva eventualmente lo recibido, ni siquiera en un pequeño porcentaje.

En este caso los padres devuelven parte de lo transferido al Estado, razón por la que tampoco debiéramos llamarlo subvención.

Resulta que los padres de familia siempre han estado gravados con impuestos directos (seguro educativo) y con impuestos indirectos (2% del Itbms) que retornan a las arcas del Estado… dinero privado que se transfiere al sector público para ser utilizado en la propia Beca Universal y en el Ifharu. Ello sin considerar los ahorros que cada padre de familia le concede al Estado, al no transferir un hijo a una escuela pública.

¿Cómo definir, entonces, la Beca Universal? La definiría como una inversión en capital humano. En economía la inversión es un término que se refiere a la creación de capital.

Los bienes de capital o bienes de inversión son aquellos que se utilizan para la producción de nuevos bienes o servicios. En muchos aspectos una inversión en capital humano es similar a una inversión en capital físico, pues aumenta la capacidad de producción futura del país, aumentando su eficiencia.

Los beneficios de la educación no se quedan solo en las personas a nivel individual, toda vez que la sociedad, en su conjunto, gana con un mayor nivel educativo, pues la probabilidad de obtener mejores ingresos en el futuro es directamente proporcional al nivel de formación, creando ciudadanos que, a su vez, pagarán más impuestos al tener un mayor nivel de renta. Ello sin considerar los aportes extraordinarios que individuos talentosos pudiesen hacer a la sociedad con nuevos inventos, creaciones artísticas, mejoras en procesos, etc.

La educación particular en nuestro país atiende, en su mayoría, a los sectores populares y a la clase media. Se caracteriza por brindar diferenciación en calidad y por mantener una oferta curricular diversificada; con libertad de enseñanza.

No es prudente, entonces, catalogar una inversión en educación como un subsidio, cuando hay subsidios en actividades económicas, como casinos, puertos y zonas libres, que no tienen el sentido de solidaridad y justicia social de la que habla el artículo 91 de nuestra Constitución, máxime cuando su artículo 95 establece la gratuidad de la educación en todos los niveles preuniversitarios y su obligatoriedad a nivel básico general.

El costo de oportunidad en términos cuantitativos y cualitativos es altísimo para el Estado y para la sociedad. Urge complementar esta iniciativa con otras, como la exoneración del impuesto sobre la renta por los montos netos que los padres de familia invierten, año tras año, en la educación de sus hijos.

Tampoco descarto ampliar aún más el monto de esta beca para que sea el Estado, como consecuencia de un arreglo de terminación de huelga en el sector público, el que asuma la responsabilidad del aumento que llevara a cabo, sin haber consultado con los colegios particulares ni con los padres de familia que ahora se ven afectados.

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