Docenas de personas que fueron detenidas en Irán antes de cumplir 18 años corren el riesgo de ser ejecutadas a pesar de las recientes reformas, y muchas de ellas han pasado ya años en el corredor de la muerte, según un informe de Amnistía Internacional publicado el martes. El grupo, con sede en Londres, halló también que Irán ha ejecutado al menos a 73 delincuentes menores de edad entre 2005 y 2015, incluyendo al menos cuatro el año pasado.
El informe de 110 páginas de Amnistía intensifica la presión sobre Irán en un momento en que Teherán trabaja para restablecer relaciones con Occidente tras el histórico acuerdo nuclear alcanzado el año pasado.
El pacto entró en vigor este mes luego de que la República Islámica tomó medidas para recortar su programa nuclear, lo que llevará a un levantamiento de las pesadas sanciones internacionales sobre el país. El lunes, el presidente Hasán Rouhani llegó a Roma para iniciar el primer viaje a Europa de un mandatario iraní en casi dos décadas.
Se espera que la gira, que incluye visitas al Vaticano y a Francia, genere gran número de acuerdos económicos y comerciales. Irán es uno de los países que más ejecuciones celebra en el mundo, solo por detrás de China en 2014, según los datos más recientes de Amnistía.
La mayoría se debe a contrabando de drogas. La nación está ubicada en una importante ruta del narcotráfico que conecta los campos productores de opio de Afganistán con Europa.
Investigadores de Amnistía pudieron identificar los nombres y localizaciones de 49 delincuentes juveniles que se enfrentan a la pena capital, aunque el grupo destacó que la cifra real puede ser más alta. Un informe de 2014 de Naciones Unidas dijo que había más de 160 menores condenados en riesgo de ser ejecutados.
La mayoría de los 73 delincuentes menores de edad identificados por Amnistía que fueron ejecutados en la última década estaban condenados por asesinato. Otros habían cometido violaciones, delitos relacionados con el tráfico de drogas y ofensas a la seguridad nacional como “enemistad contra Dios”.
El grupo destacó que las reformas introducidas en 2013 dan a los jueces más poder para tener en cuenta la madurez mental de los delincuentes menores de edad e imponer castigos menos duros. Además, desde entonces el Tribunal Supremo puede volver a juzgar estos casos.
Reformas adicionales introducidas el año pasado requieren que los casos con delincuentes juveniles sean atendidos en juzgados especializados.