No se podrá negar que la Caja de Seguro Social no ha dejado de tener sus bajas y alzas, una institución golpeada y saqueada sin el menor escrúpulo o respeto por la entidad que pertenece a la clase media, por sus respuestas en el área de la salud en los momentos más agudos de los asegurados, la institución del pueblo panameño. Y en esa cadena abrupta de asaltos, en cierta medida todos somos responsables porque no hemos adoptado una conducta de vigía y rescate de los malestares por quienes desde adentro y afuera corroen la maltrecha situación administrativa que todos los panameños y medios de comunicación denuncian. Se critica de manera férrea la institución por sus servicios de baja calidad, con excepciones, pero no se avanza en adoptar los correctivos y la profilaxis que las circunstancias exigen para lograr el óptimo servicio deseado.
Somos conscientes de que no todo son nubarrones en la Caja de Seguro Social. Existen hechos positivos que contribuyen a mantener la imagen de la misma y que exige a gritos nuevos valores para la recuperación de su credibilidad y excelentes servicios. Escuché hace unos cuatro meses al subdirector encargado de la Caja, que nuestra institución estaba totalmente solvente y podía cumplir con sus compromisos. Sin embargo, se habla de la profundización del déficit actuarial que ningún panameño conoce a ciencia cierta, como lo expresó en una ocasión la OIT, ante el problema estructural del Seguro y una creciente burocracia legal o no, lo que implica una merma de las reservas y recursos económicos que tienen que apuntar hacia las urgencias de los accionistas que son los asegurados que han cotizado por más de 30 o 50 años. Todavía estamos a tiempo para corregir el rumbo y elevar a su punto máximo su buena imagen ante los agravios e impasse que han encontrado en su camino de servicio a los panameños. Pero el tema en cuestión está planteado nuevamente ante la actual crisis y requiere una salida noble y legal que tendrá que ver con reformas a su Ley Orgánica y, en consecuencia, la conformación de una junta de notables con representación de los jubilados de todas las provincias, con el fin de llegar al fondo y presentar alternativas de solución, a manera de una cirugía, sin violentar su autonomía; por el contrario, que el director asuma con transparencia el rol que le corresponde y actúe sin vacilaciones; los patronos, por otro lado, que cumplan con sus obligaciones, y los asegurados, con responsabilidad, vigilen su institución. La Caja puede elevar su calidad de servicios médicos y de medicamentos con un poco más de orden y sin favoritismo.
Nuestra institución social no puede ser pasto de oscuros intereses politiqueros ni bandera equivocada por quienes pretendan aprovecharse de este triste momento. Se exige un análisis transparente e inteligente de la situación que hace crisis, para mejorar la calidad de los servicios de salud.
El autor es docente y exlegislador
