Las buenas intenciones, si es que las hubo, fueron sepultadas bajo la basura del clientelismo político de exrepresentantes de corregimiento, ahora diputados de la República y diputados/representantes, que se confabularon a la hora de aprobar la ley que resultó un verdadero esperpento jurídico. Por ejemplo, todo se redujo a sustraer el nombramiento de los jueces de paz de la competencia de los alcaldes para devolverlo a los representantes doblemente presentes (Junta Comunal y Concejo) en la Comisión Técnica Distrital, que tiene, entre otras funciones, la de realizar el proceso de selección de los jueces de paz, mismos que finalmente fueron nombrados por el Consejo Municipal de una terna enviada por el alcalde. Es decir, en la práctica, el cacique político del corregimiento selecciona y nombra al novedoso administrador de justicia.
Adicionalmente, la ley está plagada de incongruencias y colisiones entre uno y otro artículo. Por ejemplo, el artículo 23 señala que “el Secretario, el Oficinista/Notificador y demás personal de la casa de justicia comunitaria serán nombrados por el municipio respectivo…”, mientras que el artículo 32 le adscribe esta función al juez de paz. Por el artículo 39 el juzgador de primera instancia resuelve sobre la concesión de la apelación y por mandato del artículo 40 la “Comisión de Ejecución y Apelaciones estará integrada por tres jueces de paz de los corregimientos más cercanos en su distrito”, situación que extingue el sagrado principio procesal de doble instancia y el derecho de apelación, sencillamente porque el juzgador de primera instancia también decide si procede o no el recurso de apelación y actúa en la decisión de segunda instancia. Dicho de forma prosaica, “la mano de un juez de paz lava la mano de otro juez de paz”.
Finalmente, las autoridades nacionales se desentendieron de las responsabilidades financieras y de la adecuación de la jurisdicción comunitaria de paz y no asignaron los fondos necesarios y ni siquiera han reglamentado la ley. El resultado es que la justicia administrativa de policía centenaria, aplicada de forma arbitraria y violentando los derechos humanos, generalmente de las personas más humildes, solo cambió de nombre y hoy continúa “la misma gente en su mismo ambiente”, cometiendo iguales y peores tropelías que en el pasado. ¡Así de sencilla es la cosa!
El autor es abogado y analista político