Hablar de justicia transicional es poner la mirada más allá del desafío agonal que demanda la reconstitución de la democracia republicana en Venezuela y su estado de derecho, a fin de que alcancen su verdadero sentido. Se trata, pues, de la liquidación de raíz de la justicia venal y el restablecimiento de la independencia de los jueces que desde ya reclaman los organismos de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. Pero no basta. El cometido de fondo es hacer justicia –prevenir el drenaje de rabia popular contenida entre los venezolanos– por los graves daños personales, morales y materiales ocasionados durante casi 17 años de revolución y desde cuando se decide, en agosto de 1999 el maridaje de Hugo Chávez con la narcoguerrilla, haciendo de nuestra patria santuario de crímenes inenarrables e impunidad.
La justicia transicional implica, así, una forma de abordar la misma justicia en épocas de transición, desde una situación de conflicto o de represión por parte del Estado hasta conseguir la rendición de cuentas y la reparación de las víctimas, a fin de fomentar la confianza ciudadana. Es reparar no solo a estas y sus familiares sino a la misma sociedad en su conjunto para superar divisiones entre los distintos grupos y actores, evitando “la repetición cíclica” del estado de terror y violaciones generalizadas y masivas de derechos humanos que se busca superar.
La paz, lo decía bien Juan XXIII, se funda en la verdad y debe practicarse según los preceptos de la justicia.
Remediar la severa crisis de alimentación y falta de medicinas actual, cesar las persecuciones y habilitar a los inhabilitados para la política como sacar de la muerte civil a los millones de hombres y mujeres nacidos en esta tierra que fueran ingresados a listas infamantes, es tarea prioritaria. Como lo es la vuelta a sus fueros del periodismo libre. Mas, allí están a la expectativa los proscritos y llenos de humillación, a saber las víctimas emblemáticas de una revolución destructora de la nacionalidad y sus símbolos; que hizo de los venezolanos rebaño numerado, destruyó la economía y sus fuentes de trabajo y bienestar, lo que es peor, envenenó el alma generosa de muchos, fracturando familias y expulsando a centenares de miles hacia el ostracismo.
¿Cómo no reparar y hacer de la reconciliación, entonces, un acto de verdad y de justicia? Nadie aceptaría, así no más, la ley del olvido, o el estrechamiento de manos entre las víctimas y los victimarios, entre los líderes de uno u otro bando para superar el trauma inédito padecido, ya que el diálogo democrático también tiene como su límite la moral democrática y sus exigencias, que cabe repetir: Memoria, verdad y justicia.
Esa es la cuestión, por cierto, que tensa el ánimo de nuestra vecina Colombia, bajo el gobierno de Santos, y que no es distinta ya de la presente en Venezuela.
Las listas de quejas o cahiers de doleánces, como le llaman los franceses de 1789, desbordan en demasía. Son las confiscaciones de tierras (2001), la masacre del 11 de abril (2002), las listas Tascón y los “muertos civiles” (2003-2004), el despido de 20 mil trabajadores petroleros y la razzia militar de sus familias (2003), los heridos de la represión durante el referendo (2004), la masacre de Turumbán en Bolívar (2006), la condena de los comisarios (2010); la masacre de El Rodeo y el cartel de los Soles (2011), las ominosas confesiones de los magistrados Aponte y Alvaray sobre los crímenes dentro de la justicia (2012), la masacre de febrero (2014), la expulsión masiva de colombianos bajo trato discriminatorio en contravención del derecho penal internacional (2015).
Son ejemplos que no incluyen los desacatos de 12 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ni las condenas de la justicia arbitral internacional, las 3 mil 318 empresas e industrias confiscadas o intervenidas para perseguir a sus dueños y trabajadores por “capitalistas”, como tampoco los hechos de corrupción mil millonarios en dólares que van desde el Plan Bolívar 2000, pasan por la productora PDVAL y su pudrición de alimentos, el robo de los 25 mil millones de dólares en el Sitme, o el lavado de dineros en Suiza y Andorra.
Allí están sin justicia 227 mil 12 homicidios (1999–2014) y los ajustes de cuentas por “grupos de exterminio” policiales, y los crímenes de Estado no resueltos y contaminados: del fiscal Anderson, la embajadora Fonseca, el fiscal Richiani investigador de Makled, los exjefes de inteligencia Otaiza y el general Guerrero, el exgobernador Aguilera, Montoya, Bassil Da Costa, el diputado Serra, Odreman, en una lista que cierran los investigados por la DEA.
No será fácil abordar la cuestión. Es justicia, no venganza ni ley del talión. La justicia es memoria, no olvido, para que sea duradera.