Empezaré felicitando al diputado Gabriel Silva por su discurso en defensa de los derechos humanos, particularmente el de la libertad. Este es el tipo de pronunciamientos que se espera, y que se necesitan de nuestros diputados.
La libertad es un derecho natural de las personas. Para ser más concreto, existen tres derechos naturales – de los cuales se desprenden los derechos que han sido otorgados por instituciones políticas y supranacionales - estos tres son el derecho de la vida, la libertad, y la consecución de la realización personal. De esto sigue que cada uno pueda hacer con su vida lo que considere apropiado, siempre que no perjudique el derecho ajeno.
Es importante recalcar la importancia de la defensa de estos derechos. Si se llega a atacarlos mediante el aparato coercitivo del Estado, todos los avances que hemos logrado como civilización se irían al abismo. La defensa de los derechos, entonces, se vuelve tanto un fin utilitario como uno moral. Por un lado, el respeto a estos derechos está estrechamente relacionado al desarrollo económico de las personas y, por ello, de las comunidades y países (fin utilitario). Por el otro, establece normas de cooperación social y de dignidad humana básicas, que impide, entre otras cosas, el quitarle la vida, y, por ende, la libertad y consecución de la libertad, a otros (fin moral).
Dos de los ataques más grandes a los derechos vienen de las iniciativas que buscan regular la libre prensa, estableciendo que el estado sea juez y parte de lo que se considera apropiado, y la que busca ponerle una estocada casi definitiva al matrimonio igualitario. El querer ponerle trabas a la libre prensa y querer regular la libertad de discurso establecería un precedente funesto para Panamá. Que el estado pueda decidir que es correcto, ético, y que siga “buenas costumbres”, se presta para el absolutismos que muy probablemente desencadenarían en persecuciones políticas, económicas, y sociales, como las que se ven en los países con menor libertad humana. Buscar coartar la libertad de las personas del mismo sexo a contraer matrimonio civil, que también va en contra del principio de igualdad ante la ley, viola dos de los derechos fundamentales de las personas, siendo estos: la libertad y la consecución de la realización personal. Sabemos que el Código de la Familia en su artículo 26 establece que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y que, en el artículo 34, numeral 1, prohíbe que este sea entre personas del mismo sexo. Por ello debemos procurar cambiar este ultraje a los derechos de una vez por todas. Con esto, sin embargo, no busco obligar a instituciones religiosas a realizar estos matrimonios. Estas, como instituciones privadas, pueden delimitar el alcance de sus ritos y tradiciones como bien les plazca; es su libertad, después de todo. El matrimonio de personas del mismo sexo es netamente un tema civil, que debe ser reconocido por el Estado, al no infringir en los derechos de las personas ajenas a dichos matrimonios.
El momento para alzar nuestras voces y luchar por la vida, libertad, y consecución de la realización personal es ahora. La coyuntura política y social se presta para ello. De no hacerlo, seguramente nos veremos, en unos años, en el extranjero, debatiendo de por qué no actuamos cuando pudimos hacerlo para salvar a Panamá.
El autor es amigo de la Fundación Libertad