Apremiado por el descontento de los venezolanos, el gobierno del presidente Nicolás Maduro está usando todos los recursos que tiene a mano para evitar una derrota en las elecciones legislativas del próximo mes de diciembre. La última decisión que busca restaurar la confianza perdida entre el electorado que le ha apoyado proviene de la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (Sunagro), que ha emitido una orden a las compañías afiliadas a la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea) para que destinen un porcentaje de su producción de alimentos básicos a los supermercados del Estado.
En lo sucesivo las presentaciones de leche, arroz, azúcar, pasta, harina panadera, harina precocida de maíz y aceite irán a parar a los vacíos anaqueles de las redes estatales en un porcentaje que, según la orden administrativa, oscila entre 30% y 100%. La medida supone el reforzamiento de los controles de una industria que ya es de las más supervisadas por el Gobierno. Desde hace varios años los alimentos básicos no pueden movilizarse por el país sin la autorización del Sistema Integral de Control Agroalimentario (Sica), que vigila y controla mediante la emisión de una guía de movilización dónde se almacenan y hacia dónde se distribuyen. Todos los transportistas deben tener ese documento a mano, que incluye además la ruta que siguen hasta su destino final, para salvar las férreas inspecciones de las autoridades en su camino.
La creación de toda esa burocracia responde a la idea de garantizar lo que el chavismo llama “la soberanía agroalimentaria” mediante la planificación centralizada de la economía. Ese modelo ya ha dado muestras de su agotamiento. El Estado, que cuenta con pocas divisas en efectivo para importar alimentos con el declive de los precios del petróleo, no puede importar los insumos terminados que destina a las redes públicas, y pretende llenar los anaqueles con la producción privada.
El modelo económico defendido a capa y espada por el presidente Maduro se niega a entregar a la industria de alimentos los dólares necesarios para que cancelen la deuda de mil 400 millones de dólares con sus proveedores, que les permitiría producir a plena capacidad.
Es de suponer que en los próximos días habrá menos disponibilidad de alimentos en las cadenas privadas, que son mayoría, y se incrementarán las largas filas frente a los supermercados privados. Cavidea asegura que en la red privada existen 113 mil 859 establecimientos comerciales, mientras que la red pública posee 7 mil 245 locales. Lo que ahora ocurre es lo contrario: largas filas frente a los locales regentados por el Estado y menores aglomeraciones de clientes en los supermercados privados. Pero en una entrevista concedida al diario local 2001 el ministro de Alimentación Carlos Osorio negó que la decisión administrativa pretenda favorecer a una red sobre otra. En su opinión se busca una “distribución equilibrada” de los alimentos, de acuerdo con la capacidad y niveles de consumo de las regiones.