En un reciente foro económico, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, dijo entre otras cosas, que una de las claves para poder seguir avanzando en el tema económico en Panamá es: “mejorar el Estado de derecho, pues toda la institucionalidad está atrás del desarrollo del país”.
En la organización del Estado moderno, hay dos principios fundamentales que deben ser orientadores para lograrlo: la descentralización administrativa y la desconcentración del poder. Con ambos se busca que la democracia pueda ser ejercida por entidades que desde cada localidad y especialidad puedan conocer y administrar mejor las soluciones, y también que el poder no esté acumulado en forma que se pueda lograr su abuso desde una sola persona natural o jurídica. Las instituciones encargadas de desarrollar las diferentes actividades administrativas tienen que estar a su vez reguladas e integradas por normas y personas apropiadas y adaptadas a las mejores formas que garanticen su éxito.
El derecho administrativo puede apoyar una mejor organización del Estado desde el derecho comparado, es decir, lo que en otras legislaciones se ha diseñado para resolver el mismo tipo de asuntos, también a través de los institutos u organizaciones que estudian el tema, y finalmente la doctrina, que está llena de excelentes autores en Latinoamérica, capaces si se les da la oportunidad, de diseñar soluciones a la medida de un Estado moderno.
Si cuando quien dicta normas, tanto a nivel del poder Ejecutivo como en el Legislativo o municipal, antes de lanzarse en la tarea de desarrollar decretos, resoluciones, reglamentos y leyes, se da a la tarea de consultar a los expertos, el resultado lo podemos apreciar en algunas piezas de legislación que logran sobrevivir en el tiempo y en el espacio de manera eficiente. No me refiero solo a expertos aislados, sino integrados en el tema de forma institucional, para garantizar la armonía, sintonía y eficacia de la normativa nacional, estatal y municipal.
Encontramos pues dos oportunidades para esa mejora del Estado que estamos buscando: la primera es en la tarea normativa que podríamos llamar “cotidiana”, en la cual como vimos , consultar al experto previamente, garantiza que nuestra legislación mantenga la coherencia y eficacia suficientes. Hay otra, quizás más importante: crear una estructura suficiente, para emprender la reforma del Estado.
Estas estructuras de reforma del Estado, suelen adscribirse a la Presidencia de la República, integrarse por abogados expertos en las diferentes materias, dirigidas por quien pueda gozar del respeto y autoridad para llevar a delante esa gran tarea, con un plan, unos objetivos, un presupuesto para atender sus gastos, y un compromiso político para luego convertir las recomendaciones de esta comisión en normas suficientes para que las diferentes instituciones que conforman el Estado, puedan tener la estructura organizativa y funcional apropiada a las nuevas circunstancias .
Adicionalmente, hay un tema que complementa el anterior y es: la educación, la preparación de los funcionarios públicos, que debe adaptarse también a esa nueva estructura moderna del Estado. Se puede tener la mejor organización, las mejores regulaciones, pero si quienes van a desarrollarlas no tienen la preparación profesional suficiente, pues nada se ha logrado.
Un esfuerzo especial va a requerirse también en el tema educativo, a través de la creación de escuelas especializadas, de cursos de mejora profesional en las que ya existen, con un diseño que incorpore al funcionario en un nuevo esquema de trabajo institucional para el Estado moderno.
Si tenemos los docentes para lograrlo, qué bien, de lo contrario también en este tema hay que innovar: formando docentes nuevos aquí o en el exterior, invitando profesores extranjeros que quieran y puedan incorporarse en una escuela de la administración pública, desde la cual con apoyo de las universidades nacionales públicas y privadas, se vaya logrando el recurso humano que según el diseño se necesite.
El autor es consultor legal internacional